El fiscal 20 delegado de Administración Pública solicitó medidas de aseguramiento con detención preventiva en centro carcelario para José Gabriel Vargas Carvajal, representante legal del consorcio Prosperidad Vial Cerritos y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, segundo interventor de la obra. A ambos se les imputan los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Argumentos del fiscal

Durante toda la jornada de ayer, el fiscal argumentó por qué, según él, estos contratistas deben ir a la cárcel. Manifestó que ambos violaron las normas de contratación pública, incurriendo en múltiples faltas y se aliaron con funcionarios de la administración, como Carlos Maya y Milton Hurtado, en una “empresa criminal” para defraudar las arcas del municipio a través de esta megaobra.

Detalles de las irregularidades

El fiscal expuso que Vargas Carvajal aceptó realizar una obra diferente a la adjudicada en la licitación pública, que consistía en cuatro carriles y redes eléctricas aéreas. Para demostrar el cambio de diseño durante el proceso sin planificación adecuada, presentó un video en el que Vargas especificaba los detalles de la obra que se iba a construir.

Asimismo, destacó los ítems de sobrecostos en los cuales participó la firma constructora, especialmente en el transporte de material de excavación. Las facturas de la empresa JMO, operadora de la escombrera La Bonita, mostraban que llegaron 60 mil metros cúbicos de tierra, mientras que en las actas de obra se pagó por 201 mil metros cúbicos. Además, mencionó sobrecostos en el aprovechamiento forestal y en las redes eléctricas, cobrando por postes y luminarias sin que la vía estuviera construida.

Segunda interventoría

El fiscal también enfatizó en el presunto fraude en la cesión del contrato de interventoría, originalmente a cargo de José Alberto Rojas Prieto y luego recibido por Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal. Documentó que este se firmó el 17 de mayo de 2023, aunque el contrato se había vencido el 10 de mayo, y se cedió a un contratista “amigo” para continuar defraudando las arcas del municipio.

Durante la interventoría de Ballesteros, se realizaron la mayoría de los movimientos con sobrecostos y las adiciones de 16 mil millones y 4300 millones de pesos para terminar la obra, la cual no se completó.

Defensa de Carlos Maya

En cuanto a los procesados Carlos Maya, Milton Hurtado y José Alberto Rojas Prieto, las audiencias preliminares están más avanzadas. La defensa del exalcalde Carlos Maya fue la más esperada. Su abogada solicitó a la juez de Garantías concederle la libertad o la detención domiciliaria, criticando la actuación de la procuradora judicial por no valorar los derechos de los procesados y adherirse a la posición de la Fiscalía.

La defensa argumentó que no tuvieron suficiente tiempo ni recursos para recaudar evidencias y rebatir los elementos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, intentó demostrar que no existe necesidad de una medida de aseguramiento, afirmando que Carlos Maya no es un peligro para la sociedad y su libertad no pone en riesgo el interés general.

Aspectos personales y riesgo de no comparecencia

La defensa presentó certificaciones sobre las responsabilidades familiares de Maya, incluyendo el cuidado de su madre enferma y su hija. Declaraciones de 13 personas cercanas destacaron sus cualidades personales y responsabilidad con su familia, subrayando que no es una persona violenta, irrespetuosa o irresponsable.

Respecto al riesgo de no comparecencia, la defensa presentó declaraciones sobre el trámite de la visa a Canadá, iniciado mientras Maya aún era mandatario. Si hubiera querido huir, habría usado la visa americana que ya posee. Además, tenía comprados tiquetes aéreos para 2024 y estaba en un proceso de selección para ser rector en la ESAP de Medellín, evidenciando su interés en comparecer y colaborar con el proceso judicial.