Las autoridades de Antioquia confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste del departamento. De acuerdo con la información preliminar entregada a la Gobernación, los fallecidos serían presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes habrían muerto tras la explosión accidental de artefactos explosivos que manipulaban.
Los primeros indicios apuntan a que el grupo armado ilegal instalaba explosivos en un sector de difícil acceso cuando uno de los artefactos habría detonado de manera imprevista, acabando con la vida de los cuatro hombres en el lugar de los hechos.
Equipos de verificación avanzan hacia la zona para confirmar las identidades de las víctimas y precisar las circunstancias exactas de lo ocurrido, en una región marcada por la presencia de varios grupos armados ilegales.
Zona de alta disputa armada
El área donde se registró la explosión es considerada una de las de mayor disputa territorial en el nordeste antioqueño. Además del frente 36, en Anorí tienen presencia estructuras del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha generado una fuerte presión sobre las comunidades rurales.
En este contexto, organizaciones humanitarias y autoridades locales han advertido de restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos permanentes por la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, que ponen en peligro tanto a la población civil como a la fuerza pública.
Investigación en curso
Las autoridades coordinan con el Ejército, la Policía y organismos judiciales el ingreso a la zona para adelantar los actos urgentes, realizar el levantamiento de los cuerpos e inspeccionar el lugar de la explosión.
La línea investigativa busca establecer si la detonación está relacionada con acciones de control territorial, posibles preparativos para atentados o con operaciones internas del grupo armado ilegal.
Entre tanto, se mantiene la alerta en el municipio de Anorí y en otras localidades del nordeste antioqueño, ante el riesgo que representan los explosivos instalados en caminos, fincas y áreas de tránsito campesino, en medio de la persistente confrontación entre grupos armados en la región.
