La Secretaría de Gobierno en articulación con la Policía Metropolitana de Pereira desplegó un operativo para recuperar más de 36.000 metros cuadrados invadidos de manera ilegal en el corregimiento de Puerto Caldas, respondiendo a un proceso por ocupación ilegal de bienes. El proceso legal de desalojo fue iniciado en el año 2018 y surtió todas las instancias legales. Después de implementar el debido proceso, se cumplió con el fallo emitido por la corregidora de Puerto Caldas en el año 2020, donde se notificó a los ciudadanos de la recuperación. Este predio es recuperado por 4a vez, en un procedimiento que además tuvo acompañamiento de un delegado de Derechos Humanos de la Personería de Pereira, con el fin de no vulnerar los derechos de las personas que habitaban esos predios. Los funcionarios de la secretaría de Gobierno que estuvieron presentes durante la diligencia, explicaron que la orden desalojo está dada desde diciembre de 2020, época en la cual también se realizó una audiencia y los habitantes tuvieron la oportunidad de hablar durante 20 minutos, exponer sus razones y pruebas. Agregaron que este proceso data de 2018 y siguieron todos los procesos que indica la Ley 1801 de 2016, el Código de Policía. Les explicó el funcionario a los afectados que de las 70 tutelas que han interpuesto ninguna ha fallado en contra del Municipio, “de manera que el procedimiento es totalmente legal”.
En el desalojo
Como única opción para evitar el desalojo, la comunidad trató de cerrar la vía con unos palos y cuerdas y los niños, ancianos y discapacitados se sentaron allí, frente al Esmad para contener la incursión, sin embargo el procedimiento siguió su curso y los habitantes sacaron unas pocas pertenencias para luego dar paso a las máquinas que tumbaron las construcciones en material liviano. Según Yakeline Mosquera, líder de la zona y afectada, la corregidora de Puerto Caldas no les notificó el desalojo y la llegada de las autoridades les cogió desprevenidos. Agregó que el desalojo es ilegal porque en diciembre, una tutela interpuesta frenó el procedimiento.
“Llegaron atropellando, estropearon a una niña y a un enfermo”, agregó. Dijo la líder que esta comunidad llegó a San Isidro hace 8 años y esta población se compone en su gran mayoría de madres cabeza de hogar, niños, ancianos y abuelos. “¿Dónde quedan los derechos de los niños, para dónde se los van a llevar? Aquí no llegó el ICBF, anotó.
