Abadía se enfrenta a una condena de 21 años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Ayer, en horas de la noche, fue capturado en la ciudad de Cali el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por corrupción. A pesar de que el exmandatario departamental ya había sido declarado culpable en este proceso, aún estaba pendiente la lectura del monto de la pena para su posterior traslado a prisión.
El caso por el que fue condenado Abadía está relacionado con un contrato firmado en enero de 2010 para la dotación de 40 bibliotecas, el cual suscribió cuando era gobernador con la Fundación Calimio por un valor de 1.067 millones de pesos.
Según la investigación, esta entidad no tenía la experiencia ni ejecutó adecuadamente el contrato. Lo más grave fue el detrimento patrimonial, ya que la inversión realizada fue solo de 182 millones de pesos, lo que sugiere una pérdida de 890 millones de pesos.
Fuentes cercanas al alto tribunal indicaron que Abadía se enfrenta a una condena de 21 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. También fue investigado el entonces secretario de Educación del departamento, Eiber Navarro, por estos mismos hechos.
En la audiencia que tuvo lugar el pasado lunes 20 de noviembre, se llevó a cabo la lectura del fallo condenatorio. En una próxima diligencia se conocerá el monto de la pena en prisión que deberá cumplir el exmandatario. La Corte determinó que, mientras eso sucede, Abadía podrá continuar en libertad.
A pesar de que se ordenó la captura, aún está pendiente la diligencia de lectura de fallo en la que no solo se definirá el monto de la pena, sino que su abogado, Alejandro Felipe Sánchez, ya presentó una solicitud de detención domiciliaria. Esta petición será resuelta hoy mismo, y se determinará si Abadía cumplirá su condena en prisión o se le concede la detención domiciliaria.
“Juan Carlos Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, advirtió la Corte Suprema.
En la actualidad, Abadía también enfrenta un juicio por el llamado Cartel de la Toga. Según lo señalado por varios testigos, el exgobernador habría entregado 400 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para que el proceso que se adelantaba en su contra fuera archivado.
Al parecer, en 2014, el exgobernador recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.
Con este pago, el exmandatario departamental buscaba evitar que se formulara imputación o se pidiera medida de aseguramiento en una de estas investigaciones. Según lo acordado con un fiscal delegado ante la Corte, se pactó dilatar el avance de la actuación a cambio de garantizar al funcionario la continuidad en su cargo.
Abadía fue representado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien actualmente enfrenta un proceso por recibir sobornos para alterar, retrasar y archivar procesos en la Corte Suprema mediante su influencia y poder.
Por último, la Fiscalía acusó a Juan Carlos Abadía Campo del delito de cohecho por dar u ofrecer. A pesar de la acusación, el exmandatario departamental se declaró inocente.
