La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez la solicitud de audiencia de imputación contra cinco personas por presuntas irregularidades relacionadas con la recolección de evidencia y la declaración de testigos en el caso del homicidio de Juan Felipe Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de la capital. De acuerdo con lo conocido por medios nacionales, el ente acusador también pidió audiencias de medida de aseguramiento contra los señalados.
El caso volvió a tomar impulso judicial luego de que, en julio de 2025, un juez negara la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en favor de Andrés Camilo Sotelo Torres —quien venía figurando como principal procesado— y ordenara profundizar la investigación al advertir falencias en verificación de elementos clave y en el manejo de pruebas.
Según la información publicada, la imputación contemplaría delitos como tortura, uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios y soborno a testigos, en una línea que apunta a esclarecer si, además del homicidio, existió una agresión previa sistemática contra la víctima y una eventual manipulación de la escena.
Entre los hallazgos que sostienen el giro del proceso, se menciona el análisis de vainillas y el número de detonaciones registradas por videos y testimonios, así como dudas sobre la cadena de custodia de una prenda presentada como evidencia. Esos elementos —según reportes periodísticos— alimentarían la hipótesis de la intervención de más de un arma y la posible alteración del material probatorio recolectado inicialmente.
La denuncia que impulsa esta nueva etapa fue presentada por el general William Rincón a través de su abogado, planteando que lo sucedido podría configurar tortura antes de la muerte. La Fiscalía, por su parte, mantiene abierto el frente para identificar responsabilidades materiales y eventuales determinadores, mientras se concreta la fecha de audiencia para la imputación de los cinco indiciados.
