El proceso de ‘las Marionetas’ del senador por el partido liberal, es uno de los casos de corrupción más grandes que se ha registrado en el país. Los tentáculos del senador caldense, según las acusaciones, permitieron desvío de recursos en 22 alcaldías de departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, entre otros, además de entidades del Gobierno Nacional y otras empresas.
En un documento de la fiscalía se conoció que aparecen también entidades públicas y público-privadas que están en la mira del ente acusador como son la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerios del Deporte y del Interior, Proyecta Quindío (empresa contratista de Mario Castaño) y el Sena.
Risaralda no se salva de las investigaciones y se conoció que podrían estar enredados funcionarios de Balboa, Pueblo Rico, Belén de Umbría y el Municipio Industrial, sin embargo aún no se ha revelado si se trata de alcaldes u otro tipo de empleados públicos.
Recordemos que el mandatario de Balboa, Huberto Vásquez, ya está preso por otro hecho de presunta corrupción.
Otros investigados
Asimismo la fiscalía ya tiene los elemento para solicitar órdenes de captura en las gobernaciones de Caldas y del Chocó, las alcaldías de Aguadas, Chinchiná, Marmato, Neira, Pácora, Palestina, Risaralda, Salamina, Samaná, Villa María y San José en Caldas; Armero Guayabal en el Tolima, Condoto y Nuquí en el Chocó.
Y en las empresas de energía Gensa, que tiene su sede principal en Manizales y Dispac, la empresa Distribuidora de energía del Pacífico.
El documento de la fiscalía dice que esas entidades fueron objeto de celebración indebida de contratos, con el fin de “fortalecer el caudal político del senador Mario Castaño y obtener provecho ilícito de los recursos públicos mediante contratación direccionales”.
Recordemos que el senador fue capturado en junio de este año por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión y fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá.
Sería el encargado de liderar una organización ilegal para la gestión ilegal de millonarios contratos con el Estado. Según las investigaciones de la Fiscalía, esta organización habría repartido puestos y cuotas burocráticas en varias entidades para poder delinquir sin ser descubiertos por las autoridades.
Allí murió el 18 de noviembre de este año al parecer por un infarto, sin embargo,su muerte está siendo investigada por funcionarios del CTI de la fiscalía de Bogotá.
