Concluyeron las audiencias preliminares ante la Juez Tercera de Garantías de Pereira, en la última diligencia se sustentó la apelación a la medida de aseguramiento por parte de los abogados defensores de Carlos Maya, Milton Hurtado y José Alberto Rojas Prieto, Interventor. 24 días después de las capturas, el mismo despacho emitió las boletas de encarcelamiento. Hoy, durante la mañana, los tres procesados deben ser trasladados de los calabozos de la URI a la cárcel La 40 para que el Inpec realice la reseña y el ingreso oficial a su sistema, es decir, ahora el Instituto queda a cargo de su protección. Esto no implica que los imputados serán recluidos en la cárcel, ya que esto aún no se ha definido. Cabe destacar que la cárcel La 40 es principalmente para personas condenadas, y lo normal sería que ellos permanezcan en un centro transitorio.

Piden trato especial

Durante el inicio y finalización de las audiencias de apelación, los abogados defensores de los procesados solicitaron a la juez tener una consideración especial, principalmente con Carlos Maya y Rojas Prieto, argumentando que tienen condiciones particulares que, según ellos, les impiden ir a un centro de reclusión normal. En el caso del exalcalde, la defensora presentó evidencias de los problemas de seguridad que enfrenta, incluso antes de la captura, y ya fue realizada una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se le garantice una medida de protección oficial. 

En este sentido, la abogada requirió de los buenos oficios de la juez para que esta situación sea comunicada al Inpec y, por lo menos, mientras se resuelve el fallo en segunda instancia de la medida de aseguramiento, el exmandatario pueda continuar en la URI. Por su parte, el abogado de José Alberto Rojas Prieto también solicitó seguir en la URI por el mismo término, pues el procesado padece serios problemas de salud que requieren tratamiento, además de una incapacidad médica cercana al 30%, de la cual presentó evidencias. La juez manifestó que hoy mismo enviará los oficios al Inpec, pero aclaró que su competencia en este proceso ha llegado a su fin.

Derecho a la defensa

Los abogados de Milton Hurtado García y José Alberto Rojas Prieto también aprovecharon la finalización de las diligencias para manifestar lo que consideran una grave situación: la violación al derecho a la defensa. Argumentaron que tuvieron pocos espacios físicos y comunicaciones telefónicas con sus clientes. El abogado de Milton Hurtado, quien reside en Pereira, dijo que no le dieron más de 30 minutos en las citas, lo cual considera insuficiente. Por su parte, el mismo José Alberto Rojas Prieto aseguró que solo le concedieron pocas y cortas llamadas a su abogado, quien no vive en Pereira. También dijo que, debido a que no sabía de la orden de captura, el defensor no tenía conocimiento del proceso. 

La abogada de Carlos Maya manifestó que el conocido jurista Jaime Bernal sí tuvo la oportunidad de reunirse con su cliente. 

Frente a estos reclamos, el fiscal 20 Seccional de Administración Pública, que lleva el caso, indicó que pueden observar las cámaras de seguridad para verificar si se han garantizado las comunicaciones con los abogados defensores, aunque aclaró que el CTI es el encargado de la logística con los detenidos y existen problemas de personal.

Las visitas

Luisa Caldas, abogada del exalcalde, se quejó de la imposibilidad de realizar visitas familiares. Dijo que desde el día de la detención, la esposa del señor Maya no ha podido reunirse con él ni una sola vez, lo cual también es violatorio de sus derechos. La procuradora judicial se pronunció al respecto y dijo que oficiará para asegurar las visitas familiares y las reuniones con los abogados, pues son derechos de cualquier detenido.

Apelación

En la tarde de ayer, la Juez Tercera de Garantías resolvió el recurso de reposición interpuesto por el abogado de Rojas Prieto y manifestó que no repone su decisión, teniendo en cuenta que el defensor no presentó argumentos nuevos, sino que repitió los mismos utilizados en la medida de aseguramiento. 

Los otros dos abogados tuvieron su turno para argumentar la apelación, la cual quedó grabada y será resuelta por un juez de segunda instancia. Aún se desconoce cuál será este juez, pues el proceso aún no está en reparto. Lo cierto es que los tres defensores pidieron que se revoque la decisión de la juez de garantías y se emita una medida no privativa de la libertad o, en su defecto, la detención domiciliaria.