Un operativo de la Policía Nacional terminó en tensión y denuncias cruzadas en zona rural de Pereira. En la tarde de este martes, uniformados recuperaron un predio ubicado en la finca Egipto, en el corregimiento de Caimalito, donde, según las autoridades, cerca de 50 personas habrían ingresado sin autorización y levantado asentamientos improvisados.
De acuerdo con la información oficial, en el lugar fueron hallados walkie-talkies, pólvora, canicas, caucheras y otros elementos, lo que, a juicio de la Policía, representaba un riesgo adicional para el desarrollo del procedimiento.
La Policía Metropolitana de Pereira afirmó que, antes del desalojo, se adelantaron acciones de mediación y diálogo con el grupo asentado en el predio, pero que no fue posible llegar a un acuerdo voluntario de retiro. Por esta razón, se decidió ejecutar el procedimiento con acompañamiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), bajo los protocolos establecidos para la atención de ocupaciones ilegales.
Un herido durante el procedimiento
En medio del operativo, un hombre de 49 años resultó lesionado con una herida abierta en el pómulo. El ciudadano fue atendido inicialmente en el sitio y luego trasladado en ambulancia a un centro asistencial.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y demás entes de control. Sobre lo ocurrido se pronunció el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, quien contextualizó que este hecho se enmarca en una cadena de intentos de ocupación de predios en el departamento.
“Lo que se está viviendo aquí en Pereira es una situación de ocupación de predios como forma de, presuntamente, presión para que las instituciones responsables de orden nacional, como la SAE y la Unidad de Tierras, resuelvan unas peticiones de unos ciudadanos”, señaló el personero.
Reales recordó que en las últimas semanas se han registrado situaciones similares en predios de Combia y Condina, y que el caso de la finca Egipto sería el séptimo intento de ocupación ilegal en Risaralda durante 2025.
El funcionario también reveló la identidad del ciudadano herido:
“El caso es que hoy se tiene a un ciudadano que, según el informe que tenemos, su nombre es Aldemar Gañan y proviene de San José del Palmar, en el Chocó”.
Una problemática que se repite
Según las autoridades, el mismo grupo ya había intentado en otra ocasión tomarse este predio, pero en esa oportunidad la situación se resolvió con una salida pacífica.
Esta vez, el operativo de desalojo reavivó el debate sobre el acceso a la tierra, la actuación de la Fuerza Pública y el papel de las instituciones nacionales como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la administración de bienes intervenidos.
“Somos Tierra” denuncia vulneración de derechos
Las personas desalojadas se identifican como integrantes de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina “Somos Tierra”. A través de un comunicado público, explicaron que se encontraban realizando una “ocupación pacífica” en un predio que, según afirman, está bajo dominio de la SAE.
Relatan que hacia las 9:00 de la mañana llegaron dos agentes de Policía que, según la versión de la organización, no se identificaron plenamente, y preguntaron a la comunidad por qué se encontraba en el lugar. Los ocupantes respondieron que hacen parte de un proceso de movilización nacional para exigir al Gobierno y a la SAE el cumplimiento de acuerdos previos con el movimiento “Somos Tierra”.
En el comunicado, la coordinadora denuncia que el desalojo adelantado por la UNDMO habría vulnerado sus derechos y se habría realizado sin cumplir con los requisitos normativos, al no ofrecer soluciones de fondo a las problemáticas que motivaron la ocupación.
La organización cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al argumentar que los desalojos forzosos que violan el derecho a la vivienda adecuada solo son admisibles en circunstancias excepcionales y deben estar acompañados de garantías como:
Aviso previo suficiente.
Protección jurídica y asistencia legal.
Acceso a recursos y, de ser necesario, compensación o reasentamiento.
Un conflicto entre tierra, derechos y legalidad
Mientras la Policía sostiene que actuó bajo los protocolos para recuperar un predio ocupado de manera irregular, las comunidades campesinas insisten en que su presencia en la finca Egipto responde a la falta de respuestas institucionales a sus demandas de tierra y garantías para su permanencia en el campo.
El caso, que ya está en manos de los organismos de control, se suma a una lista creciente de conflictos por ocupación de predios en Risaralda y deja sobre la mesa una discusión de fondo: cómo equilibrar la defensa de la propiedad y el orden público con la protección de los derechos de las comunidades rurales que alegan no tener otra vía, distinta a la movilización, para ser escuchadas.
