La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exsenador de la República, Mario Alberto Castaño Pérez, por su presunta participación indebida en una red de contratos. Según las investigaciones, se le acusa de haber inducido a varios alcaldes para que seleccionaran a personas afines a su estructura con el fin de obtener beneficios económicos tanto para él como para terceros.
La Sala Disciplinaria de Instrucción ha determinado que el ex parlamentario, a través de un intermediario, habría influenciado a los alcaldes de Piendamó y Suárez en Cauca, Samaná en Caldas y Balboa en Risaralda, para intervenir de manera indebida en diversos contratos estatales y garantizar su adjudicación, así como asegurar el disfrute de los recursos obtenidos de los mismos.
Cabe resaltar que uno de los alcaldes implicados, Huberto Vázquez Vázquez, fue capturado en julio de 2022 en el marco de las investigaciones por presuntos vínculos con esta red ilegal de corrupción liderada, según las pesquisas, por el senador Mario Castaño.
Cortesía de qhubo PereiraAdemás del exalcalde Vázquez, otras cuatro personas fueron detenidas por solicitud de un fiscal de la Seccional Risaralda, debido a su presunta participación en irregularidades en contratación entre agosto de 2020 y abril de 2021.
La Procuraduría también señaló que Castaño Pérez habría intervenido en el amañamiento y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel, con el objetivo de apropiarse de más de $1.500 millones. Aunque el contrato fue suscrito por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, las investigaciones indican que siempre estuvo bajo la dirección del grupo liderado por el exsenador.
En un tercer caso, el organismo de control señaló que el excongresista habría manipulado la asignación de $2.000 millones del Ministerio de Cultura, haciendo creer que se destinarían al desarrollo de un proyecto, pero desviando $300 millones para su beneficio personal y el de una coautora.
De esta manera, la Procuraduría concluyó que en los tres casos, el exsenador habría violado el ordenamiento normativo y su deber de actuar en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, obligaciones inherentes a su rol y representación popular.
En consecuencia, la Sala Disciplinaria de Instrucción determinó que, aparentemente, el disciplinable violó los principios de imparcialidad y moralidad. Además, incurrió en faltas disciplinarias, las cuales fueron provisionalmente calificadas en todos los cargos como gravísimas, bajo la categoría de dolo.
