Carlos Guillermo Suárez Escobar, señalado como socio en el consorcio Prosperidad Vial Cerritos, involucrado en el polémico caso de corrupción relacionado con la construcción de la Avenida Los Colibríes de Pereira, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía este miércoles. Su entrega se dio en medio de las investigaciones que buscan esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en la ejecución de este proyecto, que ha dejado un detrimento patrimonial de más de $10.000 millones.
Carlos Guillermo Suárez Escobar será presentado hoy ante los estrados judiciales por los delitos de falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.
Recordemos que, en las audiencias preliminares realizadas al contratista José Gabriel Vargas Carvajal se dejó entrever que Suárez Escobar habría sido la persona que tenía el dominio del contrato y quien firmaba las polémicas actas, las cuales serían las principales evidencias de los sobrecostos en la obra.
Se dijo también en las audiencias que, sería este contratista quien podría dar las explicaciones del manejo del dinero en los pagos por la disposición del material sobrante como escombros y tierra, la compra de los postes y otros gastos.
Su socio José Gabriel Vargas Carvajal es el único procesado por el caso de la avenida de los Colibríes que está libre, recordemos que siguen a la espera de la resolución del recurso de apelación el ex alcalde Carlos Alberto Maya, el ex secretario de Infraestructura, Milton Hurtado, el primer interventor José Gabriel Rojas Prieto y el segundo interventor, Carlos Alberto Ballesteros.
El inicio del contrato irregular
Entre marzo y abril de 2021, el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, en ejercicio de sus funciones, ordenó a Juan Carlos Restrepo Restrepo (fallecido), entonces secretario de Infraestructura, y a Milton Hurtado García, director operativo de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, tramitar el proceso contractual para la construcción de 3,400 metros de la Avenida Los Colibríes. Sin embargo, los estudios y diseños necesarios aún no estaban concluidos, a cargo del Consorcio Diseños 2020, y tampoco se contaba con el presupuesto requerido.
A pesar de esto, Hurtado García elaboró los estudios previos basados en información preliminar, estableciendo un valor de $32,037,159,501 y un plazo de ejecución de 18 meses, cuando los estudios reales indicaban un plazo mínimo de 29 meses. Para obtener los recursos necesarios, Juan Carlos Restrepo sustentó un proyecto ante el Concejo Municipal, afirmando falsamente que se contaba con estudios completos, lo que indujo a error al alcalde encargado, Álvaro Arias Vélez.
Contratos y sobrecostos
El contrato de obra pública No. 4812 de 2021 fue adjudicado a Vargas Carvajal por un valor de $31,891,895,281 y un plazo de 18 meses. Posteriormente, en octubre de 2021, Milton Hurtado García recibió los estudios definitivos, pero los ocultó. Durante la ejecución del proyecto, Carlos Alberto Maya ordenó modificaciones sustanciales, como la construcción de seis carriles en lugar de cuatro, y el traslado de redes eléctricas subterráneas, todo ello sin un nuevo proceso de licitación.
Además, se pactaron sobrecostos en actividades como el aprovechamiento forestal. Ante la demora en la obtención de permisos ambientales, Hurtado García, en complicidad con los representantes legales del Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, José Gabriel Vargas Carvajal y Carlos Guillermo Suárez Escobar, y el representante de la interventoría, José Alberto Rojas Prieto, acordaron pagar $100 millones para agilizar los permisos.
Interventoría falsa y adiciones ilegales
El contrato de interventoría No. 5116 de 2021 venció el 10 de mayo de 2023, pero el alcalde Maya López firmó una prórroga con fecha retroactiva y aprobó la cesión del contrato al Consorcio CABA Intervías, representado por Carlos Alberto Ballesteros. Bajo esta interventoría, se aprobaron dos adiciones al contrato de obra: una por $16,000 millones y otra por $4,300 millones, sin que las obras fueran concluidas.
A lo largo de la ejecución, el contratista cobró por cantidades de obra no realizadas, con sobreprecios y por ítems que ya estaban incluidos en otros, generando un detrimento patrimonial superior a los $10 mil millones.
