La fiscal María Eugenia Taborda Franco, con más de 15 años en la Seccional de Fiscalía de Risaralda, recuperó su buen nombre tras un largo y complejo proceso judicial. El Tribunal Superior de Pereira la absolvió de todos los cargos por los que fue acusada y ratificó que no existían pruebas sólidas para señalarla de haber actuado de manera ilegal.
Una trayectoria de resultados
Desde el 2014 hasta 2020 la fiscal Taborda Franco investigó a estructuras del crimen organizado y entre 2022 y 2024, estuvo al frente de casos de homicidio. Fue reconocida su firmeza frente a bandas como Cordillera, y su capacidad para llevar procesos hasta la verdad, que la consolidaron como una de las fiscales más temidas por los delincuentes, quienes en repetidas ocasiones no tuvieron más opción que aceptar cargos.
El caso que la puso en el banquillo
En medio de su labor, María Eugenia Taborda pasó de acusar a ser investigada por la misma entidad para la que trabaja. Todo comenzó en 2019, cuando era jefe de la Fiscalía de la Unidad Antinarcóticos y ordenó interceptar unas líneas telefónicas. La medida se tomó después de que una fuente humana le advirtiera a uno de sus investigadores que miembros de la banda delincuencial Cordillera tendrían contactos dentro de la Fiscalía y que estos, presuntamente, filtraban información clave a la organización criminal para evadir operativos y capturas a cambio de dinero.
Los números de teléfono que aportó la fuente humana y que ella ordenó interceptar, pertenecían a dos fiscales de Pereira, situación que ella desconocía. Al analizar las llamadas, el investigador asignado no evidenció ningún contacto de esos fiscales con la Cordillera. Ante esa situación, la fiscal Taborda optó por solicitar a un juez de control de garantías que las interceptaciones fueran suspendidas, ya que no había méritos para continuar con ellas.
En esta misma investigación, Taborda Franco evidenció que conocía a una de las personas que aparecía en el expediente, por lo que decidió declararse impedida para continuar con el caso.
Fue entonces cuando la misma Fiscalía empezó a poner la lupa sobre ella y abrió una investigación en su contra. Taborda fue señalada de haber usado supuestamente información falsa para justificar las interceptaciones de llamadas contra dos fiscales de Pereira, para favorecer la banda delincuencial.
Sin embargo, la defensa de la fiscal manifestó que en ningún momento la fiscal Taborda intervino para frenar la investigación contra la organización criminal. El proceso siguió su curso normal bajo otro fiscal y, de hecho, la persona a la que ella conocía terminó condenada junto con otros integrantes del grupo, lo que demostró que no se interpuso en las investigaciones y que todos los responsables fueron judicializados.
La imputación
La Fiscalía General de la Nación le imputó delitos como prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones agravada, en un proceso que la expuso a la opinión pública y puso a prueba su nombre y su trayectoria. Desde el inicio, la fiscal Taborda se declaró inocente y aseguró que todo su actuar se había enmarcado dentro de la ley.
El veredicto: absolución total
El proceso contra la fiscal María Eugenia avanzó hasta la etapa de juicio oral y se extendió por más de tres años. Durante ese tiempo, su defensa estuvo en manos del Grupo Origen, con los abogados Moisés Vargas Polanía y Carlos Andrés Bustamante Bolívar, quienes lograron demostrar que no había pruebas sólidas en su contra.
Finalmente, el Tribunal Superior de Pereira emitió una sentencia absolutoria de 72 páginas, en la que concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes y contradictorias.
Luego de escuchar los testigos, revisar documentos y valorar las pruebas, el Tribunal concluyó que nunca se demostró que la doctora Taborda hubiera actuado con mala intención ni con el propósito de favorecer a criminales. Por el contrario, las interceptaciones que ordenó estaban soportadas en informes de policía judicial y en la declaración de una fuente, que en ese momento eran válidos para ordenar interceptaciones.
Los magistrados encontraron que las pruebas en su contra eran débiles, contradictorias y llenas de dudas. Dijeron que no quedó demostrado que la fiscal supiera que las líneas interceptadas pertenecían a otros fiscales, nunca se probó que hubiera recibido plata o favores por esas decisiones. En conclusión, el alto tribunal determinó que la fiscal nunca actuó con dolo ni con intención de favorecer a delincuentes, y por eso la declaró inocente.
Apelación
La Fiscalía General de la Nación, a través de su delegado 53 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, manifestó su inconformidad con la decisión y, junto con los abogados de los dos fiscales interceptados, apeló el fallo. Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que confirme o revoque la absolución de María Eugenia Taborda.
