En un proceso de concertación y diálogo liderado por la Defensoría del Pueblo, cerca de 300 campesinos provenientes de Risaralda desocuparon pacíficamente el predio conocido como La Posada Alemana, ubicado en el municipio de Salento, Quindío. El terreno, entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Gobernación del Quindío para proyectos turísticos, había sido ocupado de manera irregular desde la madrugada del pasado lunes.
La ocupación se produjo cuando los campesinos ingresaron al predio portando banderas de Colombia, con el objetivo de visibilizar sus necesidades y exigir apoyo gubernamental en materia de vivienda, subsidios agrícolas e incentivos para la comercialización de sus productos. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo desplegó un equipo de funcionarios al lugar para escuchar sus demandas y brindar orientación sobre los procedimientos legales para el acceso a tierras, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras y la SAE.
Durante las negociaciones, los campesinos presentaron un pliego de peticiones que contempla, entre otros aspectos, el respaldo del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción y mejoramiento de vivienda rural, el acceso a subsidios e incentivos del Ministerio de Agricultura y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales. Este documento está siendo evaluado por la Gobernación del Quindío y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de dar una respuesta oportuna a las solicitudes.
El proceso de desocupación se desarrolló sin enfrentamientos, gracias a la mediación de distintas entidades, entre ellas la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería, la Comisaría de Familia y la Policía. La Defensoría del Pueblo se comprometió a hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados, garantizando la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos agrarios.
Este hecho se suma a otro caso reciente de ocupación de predios en el Quindío. El pasado 19 de agosto, alrededor de 200 indígenas Nasa del Cauca se asentaron de manera irregular en una finca del municipio de La Tebaida, también administrada por la SAE. Luego de la intervención de la Defensoría y las autoridades locales, los indígenas acordaron retirarse pacíficamente y regresar a sus territorios.
La situación de ocupación de tierras en la región pone de manifiesto la urgencia de establecer políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a la tierra y brinden soluciones estructurales a las comunidades campesinas e indígenas del país.
