Orlain Salazar Ramírez, actual alcalde del municipio de El Cairo, fue capturado en las últimas horas junto a cuatro personas más, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en su administración.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades judiciales, los hechos investigados giran en torno a dos contratos celebrados en 2024: el primero, identificado como 2024-7, destinado a la prestación del servicio de transporte escolar en la zona rural del municipio; y el segundo, el contrato 2024-26, para la operación del vehículo recolector de residuos sólidos.
Según la Fiscalía, el alcalde Salazar Ramírez habría aprovechado su posición como ordenador del gasto para direccionar los contratos en favor de personas cercanas a su entorno familiar. En particular, se señala que el manejo de estos recursos habría estado a cargo de la pareja sentimental de su hijastra, quien, en conjunto con el mandatario, se habría beneficiado económicamente de estos acuerdos.
Durante la ejecución de los contratos, se habrían presentado documentos con información alterada para dar apariencia de legalidad, una maniobra que permitió el desembolso irregular de recursos del erario.
Junto al alcalde, también fueron detenidos Adrián Sánchez Rodríguez, actual secretario de Planeación e Infraestructura del municipio; Diana Alexandra Vanegas Pedraza, exsecretaria de Salud y Desarrollo; y los contratistas Yeison Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño. A todos ellos se les imputarán delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La detención del alcalde ha generado conmoción en la comunidad de El Cairo, que en las próximas horas espera un pronunciamiento oficial de las autoridades locales sobre el futuro de la administración municipal. Entre tanto, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la red de corrupción que habría operado desde el interior del gobierno local.
