El Catatumbo atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, lideradas por alias “Calarcá”, han dejado un saldo trágico: cerca de 80 muertos, más de 11 mil desplazados y una creciente amenaza contra los firmantes del Acuerdo de Paz. La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la situación como insostenible y alertó sobre la necesidad urgente de acciones contundentes por parte del gobierno nacional.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, los municipios más afectados por la violencia son Teorama, Convención, Tibú, El Tarra, Acarí, Ábrego y San Calixto. Los combates han generado un balance preliminar de entre 60 y 80 muertos, aunque el observatorio de paz Vivamos Humanos eleva esa cifra a cerca de 100. La situación de desplazamiento es alarmante: más de 11 mil personas han abandonado sus hogares, siendo los principales receptores Cúcuta (5 mil desplazados) y Tibú (2.500). Muchas familias, 2.078 según el informe oficial, buscan refugio en condiciones precarias, mientras las ayudas humanitarias del gobierno se consideran insuficientes.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, denunció la falta de recursos para atender la emergencia y pidió al gobierno nacional reforzar el envío de alimentos, medicinas y apoyo logístico para las zonas más afectadas.
La violencia ha cobrado la vida de cinco firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que ocho más están desaparecidos o detenidos. Además, dos hijos de una excombatiente fueron secuestrados en hechos que han generado rechazo y preocupación en las organizaciones de derechos humanos. Aunque el comandante del ELN, Antonio García, negó que estas acciones formen parte de su política, señaló a algunos desmovilizados de supuestamente estar activos en armas.
La Defensoría del Pueblo y entidades internacionales han instado a las partes a cesar las hostilidades y respetar la vida de los firmantes del acuerdo, considerado un pilar para la paz en el país.
El presidente Gustavo Petro evalúa la posibilidad de declarar el Estado de Conmoción Interior, una medida que permitiría al gobierno asumir poderes extraordinarios para garantizar el orden público. La decisión será discutida hoy en un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. De ser aprobado, el decreto establecerá acciones concretas para atender la emergencia social, económica y de seguridad en la región.
Esta medida llega en medio de una profunda tensión, luego de que el gobierno suspendiera la mesa de diálogos con el ELN por violar un pacto de no agresión con las disidencias de “Calarcá”. Según las autoridades, el conflicto actual responde a una disputa por el control territorial de la frontera con Venezuela, un corredor estratégico para actividades ilícitas.
Organizaciones de derechos humanos han pedido un cese inmediato de la violencia y una reactivación de los diálogos de paz. La crisis en el Catatumbo pone en jaque los esfuerzos de reconciliación y evidencia la fragilidad de los acuerdos en un contexto de lucha por el control territorial y recursos.
Mientras tanto, las comunidades afectadas claman por protección y una pronta solución que les permita regresar a sus hogares. La región, rica en recursos pero históricamente golpeada por el conflicto armado, vuelve a ser escenario de una tragedia que no encuentra fin.
