La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $78,4 mil millones tras una auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia, por incumplir órdenes constitucionales en el sistema penitenciario y carcelario del país.
El informe reveló 119 hallazgos en total, de los cuales 15 son fiscales, al constatar que persistieron incumplimientos materiales adversos a órdenes judiciales, en especial tras lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 1745 de 2024, que establecía como plazo el 21 de abril de este año para la finalización de diferentes proyectos de infraestructura carcelaria. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fue entregado a satisfacción, generando la suspensión de obras y el riesgo de retraso en otras construcciones.
Actualmente, 4.783 cupos penitenciarios están inhabilitados por retrasos en la construcción de establecimientos de reclusión en Pereira y Sábanas de San Ángel, y demoras en infraestructura modular en Itagüí y ampliaciones en Buga. También se detuvieron obras de alojamiento para guardias en Ipiales y Girón.
Entre los hallazgos fiscales en infraestructura se incluyen mantenimientos inconclusos de calderas en La Picota, estaciones de bombeo en Guaduas, la planta de tratamiento de agua potable en Puerto Triunfo, así como fallas en cubiertas y bloques de alojamiento en Ipiales y Buga, y obras complementarias en establecimientos de Itagüí, La Paz y Guaduas.
Alimentación y salud en crisis
En el componente de alimentación, se evidenció un hallazgo fiscal por $331 millones en equipos sin uso en el rancho de El Barne, además de falencias en las condiciones de los ranchos y centros de producción de alimentos, generando focos de insalubridad que pueden contaminar los alimentos entregados a los reclusos.
En salud, se establecieron tres hallazgos fiscales por $64 millones por equipos biomédicos sin funcionamiento en La Modelo, La Picota y Buen Pastor en Bogotá. Además, se reportan más de 2.100 procedimientos médicos pendientes y 4.124 órdenes de medicamentos sin cumplir, junto a fallas en la entrega oportuna y adecuada de medicamentos, y deterioro de espacios de sanidad.
CDT: hacinamiento crítico y violación de derechos
La Contraloría alertó sobre una violación estructural y generalizada de derechos en todos los Centros de Detención Transitoria (CDT) visitados en el país, con niveles de hacinamiento de hasta 500 % en Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga. Actualmente, más de 21 mil personas permanecen detenidas en estaciones de Policía, en espacios improvisados y sin condiciones sanitarias adecuadas.
Además, se evidenció la presencia de personas condenadas en CDT a pesar de las órdenes de traslado, y limitaciones graves en acceso a la justicia por fallas de conectividad, ausencia de equipos de cómputo y dificultades para realizar audiencias virtuales.
La Contraloría también identificó la falta de programas de resocialización que cubran a toda la población privada de la libertad (PPL), y advirtió que solo el 2 % del presupuesto del sistema penitenciario se destina a reintegración, mientras la reincidencia de capturados supera el 20 %.
Este panorama evidencia una crisis estructural en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, con un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales, infraestructura inconclusa, hacinamiento extremo, deficiencias en alimentación y salud, y limitaciones graves en el acceso a la justicia, dejando en evidencia la urgencia de una reforma de fondo en el sistema carcelario del país.
