Desde la Cumbre de Biodiversidad COP16, celebrada en Cali, Colombia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó una postura de apertura ante la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de que el Estado compre las cosechas de hoja de coca a los agricultores en regiones azotadas por el narcotráfico, como el Cauca y Nariño. Aunque Guterres admitió desconocer los detalles de la iniciativa, señaló que una política de este tipo podría “impedir el tráfico” de cocaína, siempre que se garantice una “neutralización efectiva” de la producción, es decir, que esta no termine alimentando el narcotráfico ni afectando la salud pública global.
La propuesta de Petro se produce tras un informe reciente de Naciones Unidas que reportó un crecimiento del 10% en las hectáreas de coca cultivadas en Colombia, llegando a 253.000 en 2023, la cifra más alta jamás registrada. Este incremento ocurre en un país donde la lucha contra el narcotráfico ha sido incesante durante más de cinco décadas, con el respaldo financiero de Estados Unidos, mayor consumidor de cocaína en el mundo, pero donde el narcotráfico sigue en expansión. Según Naciones Unidas, en el último año la producción de cocaína aumentó un 53% en el país, alcanzando un récord histórico de 2.600 toneladas, lo que refleja el impacto de los actuales modelos de erradicación forzosa y criminalización.
Guterres, al ser consultado sobre la viabilidad de la propuesta en la rueda de prensa en Cali, sostuvo que “si la compra de hoja de coca es realizada de manera estratégica, con el fin de darle un uso positivo y alejado de las cadenas de tráfico, podría contribuir a mitigar uno de los mayores problemas que enfrenta Colombia”. Esta apertura de la ONU coincide con los llamados de Petro a reconsiderar los métodos empleados hasta ahora en la lucha contra el narcotráfico, que han resultado en un “panorama delictivo cada vez más fragmentado y complejo”, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas.
En el informe, la ONU detalló que los territorios con mayor aumento neto de cultivos de coca en 2023 fueron los departamentos del Cauca y Nariño, dominados por grupos disidentes de las Farc que gestionan el negocio ilegal, y en donde el control de estas zonas va más allá del tráfico, afectando la vida cotidiana de comunidades campesinas y afrodescendientes. Aproximadamente el 20% del área total de estos cultivos en Colombia está en tierras de comunidades afrocolombianas, un 10% en resguardos indígenas y otro 18% en áreas forestales protegidas, lo que representa un desafío ambiental y social adicional al problema del narcotráfico.
En tanto, la Casa Blanca, en un memorando publicado en septiembre, advirtió sobre las “cifras récord” de cultivos de coca y producción de cocaína en Suramérica, aunque reconoció que en Colombia se observó un incremento del 10% en la incautación de cocaína en 2023 en comparación con el año anterior, lo que equivale a 841 toneladas métricas. A pesar de estos esfuerzos, el panorama de las comunidades rurales sigue siendo complejo y desafiante. Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en agosto, el ingreso promedio de una familia cocalera en Colombia es de alrededor de 1.400 dólares al año, menos de la mitad del salario mínimo en un país donde la informalidad laboral afecta al 56% de la población. Además, un 60% de las familias encuestadas que dependen del cultivo de coca lo hace debido a la falta de opciones económicas en sus territorios.
En las últimas semanas, Petro ha insistido en que un enfoque alternativo podría beneficiar a las zonas rurales que dependen de los cultivos ilícitos, y ha advertido que “si no cambiamos los métodos, no cambiará la situación”. Aunque no se ha detallado el mecanismo para implementar esta compra estatal, la propuesta de Petro plantea un cambio en el paradigma con el que el Estado aborda la problemática del narcotráfico, de una manera que podría influir en los esfuerzos de paz en el país y en la percepción global sobre el tratamiento de los cultivos de coca.
Mientras avanzan las discusiones en la COP16, que finalizan en dos días, la propuesta de compra estatal de hoja de coca en Colombia, vista como una posibilidad de transformación social y económica, se enfrenta a una profunda evaluación tanto a nivel nacional como internacional. En palabras de Guterres, el objetivo de cualquier enfoque debería ser preservar la salud pública y evitar que la producción continúe incentivando el tráfico de cocaína en el mundo, un desafío que parece lejos de resolverse.
