El sector defensa en Colombia enfrenta una de sus peores crisis financieras en años, con efectos que amenazan la operatividad de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional en zonas críticas del país. Bajo presupuesto, recortes drásticos y equipos obsoletos se combinan con un aumento del poder ofensivo de grupos armados ilegales, mientras soldados y policías denuncian carencias básicas para cumplir con su labor.
Una investigación de Semana reveló el uso de municiones y explosivos vencidos en operaciones de campo, ante la falta de recursos y el deterioro de las capacidades militares. El presupuesto del Gobierno Petro para defensa en 2025 es de 33 billones de pesos, pero cerca de 921.000 millones permanecen congelados por restricciones fiscales, frenando proyectos de infraestructura, la compra de bienes esenciales y la inversión en bienestar para la fuerza pública.
Recortes que afectan la seguridad nacional
El Ejército solicitó 22 billones para enfrentar el avance de grupos ilegales en 28 departamentos, pero recibió apenas 12 billones (54% de lo requerido), lo que forzó recortes del 43% en divisiones y brigadas clave en zonas como Antioquia, Meta, Caquetá y Guaviare, donde disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo amplían su influencia.
En algunos casos, el déficit es crítico: la Cuarta Brigada en Antioquia, que cubre 91 municipios con presencia del Clan del Golfo, recibió apenas 32 millones de pesos para gastos distintos a la nómina. La Brigada Contra el Narcotráfico en Caquetá recibió 57 millones, mientras la Quinta División, responsable de 369 municipios, apenas 84 millones.
“No hay cómo pagar servicios públicos en muchas regiones, los soldados solo reciben dos de las tres dotaciones anuales, y falta combustible para vuelos de helicópteros”, advirtió un oficial.
La Policía Nacional enfrenta una situación similar: de los 23 billones que requiere, solo recibe 14,7 billones, de los cuales el 63% se destina a nómina y apenas el 1% a inversión en capacidades estratégicas. Dependencias clave como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol enfrentaron recortes del 27%, y las operaciones cayeron de 60.000 millones en 2022 a 18.000 millones este año.
En regiones vulnerables, como Cali, el presupuesto policial se redujo en un 47%. Policías reportan que deben usar sus propios salarios para operaciones, organizar rifas para arreglar vehículos y “trabajar con las uñas” para cumplir con su labor.
Obsolescencia y falta de reemplazos
El déficit también se refleja en la falta de modernización y el deterioro de los equipos. Tres helicópteros UH-1N saldrán de servicio este año sin reemplazo, y varios aviones permanecen en tierra por falta de repuestos y recursos. Equipos con décadas de uso siguen operando, sobrecargados en misiones para las que no fueron diseñados.
La Armada solicitó 4,6 billones, pero solo recibió 3 billones, afectando la operatividad de las fuerzas navales del Caribe, Pacífico y Orinoquía, con recortes de hasta el 99% en áreas de operaciones. La Fuerza Aeroespacial Colombiana también enfrenta limitaciones: de su presupuesto de 2,6 billones, apenas 554.627 millones se destinan a inversión tecnológica.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció en entrevista con Semana que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que los recursos “no cubren las necesidades estructurales”.
Efectos en la moral y la seguridad
Los recortes y carencias golpean la moral de los uniformados en regiones donde la violencia crece. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que la fuerza pública está “desanimada”, mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, impulsó una tasa de seguridad departamental para recaudar un billón de pesos en dos años y medio.
Las condiciones precarias se reflejan en los municipios, donde sistemas de videovigilancia y estaciones de policía enfrentan falta de financiación, y se reportan más de 87.000 millones en obras inconclusas.
Mientras tanto, los grupos armados ilegales aprovechan estas desventajas, ampliando su control territorial en regiones estratégicas y aumentando el riesgo de deterioro de la seguridad en Colombia.
