La Defensoría del Pueblo de Colombia ha elevado a 60 el número de víctimas mortales en los enfrentamientos que esta semana han sacudido seis municipios de la región del Catatumbo, en el noroeste del país. Los choques armados se han dado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, agravando la crisis humanitaria en una de las zonas más vulnerables del territorio nacional.
Entre las víctimas se encuentran siete firmantes del acuerdo de paz de 2016 y el líder campesino Carmelo Guerrero, quien pertenecía a la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
La Defensoría detalló que los municipios más afectados son Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, donde también se reportan confinamientos de la población y desplazamientos masivos. Según el informe, algunas personas han sido rescatadas, mientras que otras han huido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales hacia lugares más seguros.
“La situación es alarmante, no solo por la cantidad de muertos, sino por el impacto social y humanitario en las comunidades”, advirtió la Defensoría.
El Catatumbo, una región conocida por su producción de cultivos ilícitos y la presencia de diversos grupos armados ilegales, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos en los últimos años. Este último episodio de violencia evidencia la fragilidad de los acuerdos de paz y las dificultades del Estado para garantizar la seguridad en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
Llamado a la acción
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones humanitarias han instalado al Gobierno Nacional a intensificar las acciones para proteger a la población civil, atender a los desplazados y buscar mecanismos de diálogo que pongan fin al enfrentamiento armado. en la región.
La comunidad internacional también ha sido alertada sobre la situación en el Catatumbo, con el objetivo de buscar apoyo y visibilizar la crisis que enfrenta esta región fronteriza con Venezuela.
Se espera que en las próximas horas el Gobierno entregue un pronunciamiento oficial y anuncie medidas para contener la violencia y atender las necesidades de las comunidades afectadas.
