Persisten dudas sobre las condiciones en las que llegarían los ciudadanos repatriados, generando preocupaciones en materia de derechos humanos y seguridad.
La Defensoría del Pueblo exige claridad al gobierno de Gustavo Petro sobre las condiciones en las que los ciudadanos colombianos presos en Ecuador serán repatriados al país. Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, persisten muchas dudas respecto a este proceso, lo que podría tener un impacto significativo en los derechos humanos de estas personas, especialmente en zonas de frontera.
Foto: Carlos Camargo, defensor del Pueblo“Frente al anuncio del gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de nacionales condenados en ese país, hago un llamado al gobierno de Colombia y en particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su situación jurídica”, señaló Camargo.
Para la Defensoría, la falta de claridad en las condiciones en las que regresarían al país estas personas podría tener un gran impacto en los derechos humanos de ellos. Sobre todo, dice la Defensoría, en zonas de frontera.
“Es necesario que se establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el vecino País”, indicó en defensor del Pueblo.
Actualmente, en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas, y se registra un hacinamiento del 24.3%, según datos proporcionados por la entidad.
