La Defensoría del Pueblo alzó la voz tras conocerse nuevas muertes de menores de edad en bombardeos del Ejército contra disidencias de las FARC. En entrevista con Noticias Caracol, la defensora Iris Marín expresó preocupación por el incremento de víctimas infantiles en operaciones recientes y envió un mensaje directo al Gobierno nacional: es urgente reforzar los protocolos de verificación para evitar que niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados terminen siendo víctimas colaterales en medio del conflicto.
La alerta se produce luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que en el bombardeo de la semana pasada en Arauca murió un adolescente de 16 años y que entre los ocho fallecidos podría haber otro menor cuya edad aún no ha sido establecida. En octubre, cuatro adolescentes habían muerto en otra operación militar en Caquetá. En total, desde ese mes ya serían al menos 12 los menores fallecidos en bombardeos contra estructuras de alias Iván Mordisco, aunque otras versiones elevan la cifra a 15.
“El primer deber es proteger a los menores reclutados que ahora, convertidos en combatientes, están siendo objeto de estos bombardeos”, afirmó Marín. Si bien reconoció que “la primera responsabilidad es de los grupos armados que siguen reclutando”, también enfatizó que “esto no exime al Gobierno del deber de protegerlos”.
La defensora insistió en que no se trata de suspender operaciones militares, sino de “verificar previamente si entre quienes pueden resultar afectados hay menores de edad y agotar otros mecanismos permitidos dentro de las hostilidades: inteligencia, recuperación de niños y adolescentes, antes de incurrir en bombardeos”.
Marín también reveló que la Defensoría mantiene comunicación directa con el Ministerio de Defensa y la Presidencia, y que ha informado de manera constante sobre la confirmación de víctimas menores de edad. “Yo no sé por qué el Gobierno no había dado información de esto o si no lo tenía”, cuestionó.
Las críticas hacia el presidente Petro se intensificaron luego de que la Defensoría y Medicina Legal confirmaran que entre los 20 muertos en el bombardeo del Guaviare había cuatro niñas y tres niños. La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió una indagación para esclarecer lo ocurrido.
Petro, por su parte, asumió la responsabilidad y pidió perdón a las familias, aunque defendió el ataque alegando que era la única forma de proteger a los soldados en la zona.
Mientras avanza la investigación y se revisan los protocolos, el país enfrenta nuevamente uno de los debates más sensibles en materia de derechos humanos: cómo enfrentar a los grupos armados ilegales sin que los menores reclutados paguen con la vida un crimen que nunca debió ocurrir.
