Después de 12 años sin recibir tierras por parte del Estado, las comunidades indígenas del Magdalena celebran una significativa restitución de su territorio ancestral. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la entrega de más de 1.000 hectáreas al resguardo arahuaco de la Sierra, específicamente en el sector de Gunmaku, ubicado en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Aracataca, Magdalena.
Este acto, realizado este viernes, beneficiará directamente a 627 personas pertenecientes a 100 familias del resguardo arahuaco. La medida busca garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, reconocidos por la legislación colombiana como fundamentales para preservar sus prácticas culturales y la biodiversidad de la región.
Patricia Caicedo, asesora de la ANT para el Magdalena, explicó que esta entrega responde a un compromiso del presidente Gustavo Petro: “Estamos cumpliendo un mandato del presidente Petro y es restablecerles los derechos a las comunidades indígenas, ayudarlas para que avancen en su trabajo de preservación de todos los acumulados ambientales que tiene en este caso la Gran Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo”.
La Sierra Nevada de Santa Marta, considerada sagrada por los pueblos indígenas que la habitan, es además uno de los ecosistemas más diversos y frágiles del planeta. La recuperación de estas tierras no solo representa una reparación histórica para las comunidades arahuacas, sino también un paso crucial para la protección ambiental del territorio.
La entrega de este predio se enmarca en la política gubernamental de reconocimiento y restitución de derechos territoriales a los pueblos originarios, quienes durante décadas han luchado por mantener sus costumbres y proteger el equilibrio natural de la región.
Para las familias beneficiadas, la recuperación de estas tierras significa más que solo un espacio físico: es la posibilidad de seguir transmitiendo sus saberes ancestrales, fortalecer sus formas de autogobierno y garantizar la seguridad alimentaria y cultural de las futuras generaciones.
Con esta entrega, el Gobierno busca marcar un precedente en la reparación de las deudas históricas con las comunidades indígenas del país, reafirmando el compromiso con la justicia social y ambiental.
