La fijación del salario mínimo para 2026 quedó en el centro de un pulso jurídico sin precedentes. Un total de 16 acciones legales fueron interpuestas ante el Consejo de Estado con el objetivo de tumbar el decreto que estableció el nuevo monto del ingreso básico mensual.
Las demandas, radicadas entre enero y febrero de este año, cuestionan la legalidad del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo en $1.750.905, lo que representó un incremento del 23 % frente al año anterior. Los recursos judiciales no solo buscan la nulidad del acto administrativo, sino que piden como medida cautelar la suspensión provisional del aumento mientras se adopta una decisión de fondo.
En los expedientes figuran como demandadas la Presidencia de la República y las carteras de Trabajo y Hacienda, al considerar los accionantes que el procedimiento de concertación salarial podría no haberse ajustado plenamente a los parámetros legales.
Fuentes jurídicas explican que, en principio, cada demanda debe tramitarse por separado. Sin embargo, existe la posibilidad de que el alto tribunal decida acumular los procesos si concluye que todos cuestionan el mismo acto y cumplen los requisitos formales. De darse esa integración, la corporación podría emitir un único fallo que cobije la totalidad de los casos.
En cuanto a los tiempos, no existe una fecha límite estricta para que se produzca la sentencia definitiva. Aunque la normativa procesal establece etapas con términos orientadores, factores como la carga laboral del tribunal pueden extender la duración del trámite.
Uno de los puntos clave que deberá resolver el Consejo de Estado es si procede la suspensión provisional del decreto. De aceptarse esa medida, el ajuste quedaría en pausa mientras avanza el estudio del caso, lo que tendría efectos directos en nóminas, aportes a seguridad social y otros pagos indexados al salario mínimo.
Si finalmente prospera la nulidad, el decreto se entendería inválido desde su expedición y la decisión tendría alcance general, es decir, impactaría a todos los trabajadores y empleadores del país, no únicamente a quienes promovieron las acciones.
La definición judicial marcará un precedente relevante en materia de política salarial, pues el fallo podría confirmar o revertir un incremento que incide en millones de contratos laborales en Colombia.
