La medida permite la expropiación de tierras por vía administrativa, lo que beneficiará a muchas de las personas desplazadas por el conflicto en el Catatumbo.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0108 del 29 de enero de 2025, en el marco del Estado de Conmoción Interior, con el propósito de atender la grave crisis de orden público que afecta a la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, así como los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. La norma establece una serie de medidas urgentes para la protección de tierras y activos agropecuarios en un contexto de desplazamientos forzados, violencia y crisis humanitaria.
Según el Gobierno, la perturbación del orden público ha generado un riesgo significativo sobre la tenencia de tierras y la producción agropecuaria, lo que hace necesario adoptar acciones excepcionales para garantizar la estabilidad de los pequeños y medianos productores. En este sentido, el decreto busca evitar la acumulación irregular de tierras y asegurar la permanencia de los campesinos y comunidades indígenas en sus territorios. Además, pretende salvaguardar los activos productivos y garantizar el abastecimiento de alimentos en la región, con el fin de evitar una mayor afectación de la población debido a la crisis.
Expropiación por vía administrativa
Dentro de las disposiciones establecidas, el decreto autoriza la expropiación de tierras por vía administrativa en las zonas afectadas, con el objetivo de garantizar el retorno de las comunidades desplazadas y facilitar la reincorporación de excombatientes a la vida civil.
También establece restricciones sobre la compra y venta de tierras, prohibiendo transacciones sin la intervención del Estado. En este contexto, los predios deberán ser inscritos en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), como medida para evitar el despojo forzado.
Durante el tiempo que dure la declaratoria de conmoción, se suspenderá la inscripción de cambios en la propiedad de los predios rurales dentro de la región, evitando posibles fraudes en los registros de propiedad. Para enfrentar la crisis de desplazamiento, el Gobierno permitirá el uso de tierras públicas para el reasentamiento de comunidades afectadas, habilitando inmuebles de vocación agropecuaria para su aprovechamiento en refugios temporales y proyectos productivos. Asimismo, se dará prioridad a los pequeños y medianos productores en la asignación de tierras y créditos, con el objetivo de reactivar la economía agrícola y reducir el impacto de la crisis humanitaria.
Perspectiva legal sobre la expropiación
Carlos Olivares, abogado y docente universitario, señala que la expropiación es una figura legal contemplada en la legislación colombiana, pero enfatiza en que su aplicación debe garantizar el respeto a los derechos individuales, colectivos y sociales.
“Es fundamental que en un estado de derecho se respete el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues este es un derecho fundamental de jerarquía superior y ninguna legislación debería contravenirlo. Cualquier procedimiento de este tipo debe seguir las disposiciones legales para evitar abusos por lo que esta medida ha generado incertidumbre, ya que algunos sectores consideran que podría afectar la estabilidad en la titularidad de los predios y vulnerar derechos de propiedad”, señala el abogado.
Cómo funcionará la expropiación
En términos operativos, la expropiación se realizará a través de un procedimiento expedito regulado por la Ley 1523 de 2012, lo que permitirá al Estado tomar posesión de predios considerados de interés social o utilidad pública sin necesidad de un proceso judicial prolongado. Para ello, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) será la entidad encargada de identificar los predios que deberán ser expropiados y destinados a la población desplazada o en riesgo.
Una vez identificados, se llevará a cabo la valoración del inmueble, estableciendo su precio según el valor comercial vigente, tras lo cual se procederá con la indemnización de los propietarios. Finalmente, los predios pasarán a ser propiedad del Estado y serán reasignados a campesinos y comunidades vulnerables.
El decreto también dispone la suspensión de procesos catastrales en la región durante el periodo de conmoción interior, con el fin de prevenir alteraciones fraudulentas en la propiedad de la tierra. Esta medida se suma a otras disposiciones orientadas a proteger la propiedad de los campesinos y estabilizar el acceso a los recursos agropecuarios.
Reacciones ante la medida
La expedición del Decreto 0108 ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores lo consideran una medida necesaria para hacer frente a la crisis de seguridad y desplazamiento en la región, otros expresan preocupaciones sobre el impacto de la expropiación por vía administrativa en los derechos de propiedad y en la estabilidad jurídica de los predios.
En cualquier caso, su aplicación será determinante en la evolución del conflicto y en la implementación de estrategias para la recuperación del orden en las zonas afectadas.
PIE DE FOTO: El Decreto autoriza la expropiación de tierras por vía administrativa en regiones afectadas por la crisis de orden público.
