La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, recibió una medida inédita por parte del Gobierno Nacional, que promete proteger sus tierras y derechos sobre las 21 fincas que ocupan desde 1997. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) inscribió estos predios en el Registro Único de Protección de Predios Abandonados, asegurando la protección jurídica y blindaje contra cualquier intento de apropiación ilegal.
Este acto de justicia llega después de 27 años de resistencia en los que la Comunidad ha enfrentado constantes amenazas, masacres y desplazamientos forzados, muchas veces perpetrados por actores armados, incluyendo grupos ilegales como el Clan del Golfo. Durante este tiempo, los miembros de la Comunidad de Paz se han mantenido firmes en su postura de neutralidad frente al conflicto armado y el Estado, rechazando la presencia de funcionarios públicos y fuerzas militares en su territorio.
A través de las medidas cautelares interpuestas por la URT, 40 predios de las 21 fincas de la Comunidad quedarán bajo la protección legal que impide cualquier transferencia de títulos de propiedad irregular. Este mecanismo tiene como fin asegurar el derecho a la propiedad, posesión y ocupación de los desplazados, en cumplimiento del principio constitucional que garantiza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“La finalidad de estas medidas de protección de los bienes inmuebles de los desplazados es proteger su derecho de propiedad, posesión y ocupación”, explicó la URT en un comunicado. Esta acción también reconoce a la Comunidad como víctima del conflicto armado, un estatus que ya ostentaba ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que ahora es reafirmado por el Estado colombiano.
Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, ya que varios de estos terrenos están siendo reclamados por terceros que, antes de la llegada de la Comunidad, también los ocupaban. Paula Villa, directora jurídica de la URT, aclaró que las medidas adoptadas no interfieren con los procesos de restitución de tierras en curso. “Estas medidas no afectan el proceso de restitución de tierras que puedan tener los predios en nombre de otros”, afirmó Villa, subrayando que el conflicto armado pudo haber afectado a personas anteriores a la Comunidad.
Este acto de protección de tierras refleja un avance significativo en la lucha por la justicia territorial y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. No obstante, la Comunidad sigue enfrentando el reto de garantizar su supervivencia y la de sus miembros, quienes continúan siendo blanco de amenazas y violencia en su lucha por la tierra y la paz.
