El incremento del 9,5 % establecido por el Gobierno es considerado por los analistas como excesivo dadas las condiciones económicas actuales del país. Además, genera tensiones fiscales relacionadas con los salarios del sector público.
El presidente Gustavo Petro anunció este martes el decreto que establece el salario mínimo, después de que sindicatos y empresarios no lograran llegar a un consenso en las negociaciones de este año, cuyo plazo máximo era el 20 de diciembre.
El Gobierno optó por incrementar el salario mínimo en un 9,5 %, lo que lo ubicará en $1.423.500, representando un alza de $123.500 en comparación con el año anterior. Por su parte, el subsidio de transporte, destinado a quienes perciben hasta dos salarios mínimos, alcanzará los $200.000 en 2025.
Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), su director, Rodolfo Correa Vargas, manifestó su preocupación por este incremento salarial, al considerarlo excesivo y fuera de las posibilidades presupuestales de los pequeños y medianos empresarios.
“Supera por completo los cálculos que habíamos proyectado para el aumento, que no superaban el 7,5 %. Además, incrementará los costos de producción al elevarse los salarios, lo que reducirá la capacidad de contratar nuevo personal. Estos costos adicionales, inevitablemente, tendrán que trasladarse a los precios de los bienes y servicios”, afirmó Correa Vargas.
De acuerdo con el gremio, esta disposición podría agravar la situación financiera de los empresarios, quienes tendrán que asumir costos operativos más elevados. Además, Correa Vargas señaló que el incremento salarial se aleja del objetivo inflacionario establecido por el Banco de la República, lo que, según él, añade un elemento de incertidumbre al entorno empresarial.
