El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció públicamente que él y su familia habrían sido víctimas de interceptaciones ilegales mediante el software de espionaje Pegasus, según lo confirmado por un informe forense. La revelación fue hecha a través de un mensaje y un video publicados en su cuenta oficial de X, en los que calificó los hechos como un grave ataque a su privacidad y a su labor anticorrupción.
“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”, aseguró Idárraga, quien explicó que la vigilancia se habría ejecutado cuando se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy ejerce como ministro de Justicia encargado.
De acuerdo con el funcionario, el análisis técnico determinó que su teléfono celular fue infiltrado más de 8.700 veces entre agosto y noviembre, periodo en el que —según afirmó— se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono en al menos 124 ocasiones. Además, indicó que durante esas operaciones se habrían descargado 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos relacionados con denuncias anticorrupción que venía impulsando.
Idárraga sostuvo que estas acciones se habrían producido desde agosto de 2025, cuando ya estaba al frente del Ministerio de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, y señaló que, según informes de contrainteligencia conocidos por él, existiría una orden para utilizar gastos reservados y estructuras del Estado con el fin de seguirlo y buscar presuntamente las fuentes de sus investigaciones.
“No solamente infiltraron mi celular, sino que, adicionalmente, se habría ordenado usar recursos públicos para perseguirme a mí y a mi familia”, afirmó el ministro, quien calificó los hechos como una persecución contra quienes adelantan investigaciones por corrupción dentro del sector defensa.
Ante esta situación, Idárraga anunció que radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía General de la Nación y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando su intervención. Asimismo, informó que el expediente fue remitido a la Contraloría General de la República, para que evalúe el manejo de los gastos reservados y las actividades de contrainteligencia.
“Espero que esta vez la Fiscalía vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación ilegal de contrainteligencia en mi contra y en contra de mi familia”, expresó el ministro, quien insistió en que el objetivo de estas acciones habría sido “atacar a quienes están luchando contra la corrupción”.
Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien se encuentra fuera del país en una gira por Estados Unidos. El caso abre un nuevo frente de tensión institucional y plantea serios interrogantes sobre el uso de herramientas de inteligencia del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos.
