ONU urge a Colombia a proteger a más de 10.000 personas confinadas en Guaviare por combates entre disidencias

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia hizo este miércoles un llamado urgente al Estado para que implemente medidas de protección en el departamento del Guaviare, donde más de 10.000 personas se encuentran confinadas desde el 26 de mayo por enfrentamientos entre dos grupos disidentes de las extintas FARC.

“Urgimos a las autoridades del Estado a adoptar medidas efectivas e integrales de protección y prevención de vulneraciones en las comunidades, incluidos niños, niñas y adolescentes, liderazgos y pueblos indígenas Nukak, Jiw y Sikuani”, manifestó la ONU a través de su cuenta oficial en X.

El organismo condenó las graves afectaciones a los derechos humanos en la región del río Guaviare, al tiempo que respaldó la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el creciente riesgo para la población civil en esa zona del sur colombiano.

De acuerdo con la Defensoría, el confinamiento es resultado de un bloqueo armado impuesto por grupos ilegales, lo que ha impedido el ingreso de misiones médicas, generado desabastecimiento de alimentos y paralizado el acceso a bienes esenciales. En particular, la situación ha afectado a 170 niños y niñas que actualmente se encuentran sin clases por la suspensión de las actividades educativas.

La crisis se agrava por los enfrentamientos entre dos estructuras armadas: el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), comandado por alias ‘Calarcá Córdoba’, cuyas disputas territoriales están sembrando el terror en comunidades vulnerables.

La ONU también hizo un llamado a los actores armados no estatales para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil.

Las autoridades locales y organismos humanitarios han reiterado la urgencia de una intervención estatal integral que garantice la seguridad, el acceso a servicios básicos y la protección de los derechos humanos de las comunidades confinadas.

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