La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia urgente sobre el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó, específicamente en el municipio de Nóvita. Esta situación ha generado un confinamiento en el área, afectando a alrededor de 5.000 habitantes en el casco urbano y a unas 600 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
El paro armado, que inició el pasado 27 de mayo, ha obstaculizado el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y a aquellos refugiados en el casco urbano. Las familias locales han brindado alojamiento temporal a aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno nacional a tomar acciones urgentes y garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas.
“El trabajo interinstitucional debe verse reflejado a la mayor brevedad en beneficio de las cerca de 5600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita. No hay transporte fluvial ni terrestre. Es un llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables”, indicó la entidad por medio de un comunicado.
En respuesta a esta problemática, la Defensoría del Pueblo está colaborando con otras entidades en la implementación de un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. Asimismo, ha solicitado la protección de las viviendas y pertenencias de aquellos que se vieron obligados a abandonar todo en busca de seguridad.
“Es imperativo contar con ese paso, la población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los actores armados ilegales”, añadió el organismo.
La situación se agrava aún más debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró hace más de 20 días. Aunque la estructura permanece en estado de colapso, las reparaciones aún no han comenzado y no se ha recibido respuesta por parte de las entidades competentes, advierte la Defensoría.
Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo recordó que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento “van en contravía del Derecho Internacional Humanitario y no aportan a la construcción de paz en el país. La entidad llama al ELN para que le ponga fin al paro decretado hace unos días, a que avance en la búsqueda de la paz con hechos que en ningún caso pongan en riesgo a la población civil”.
Preocupantes cifras de desplazamiento forzado
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo reveló un preocupante informe sobre los desplazamientos forzados en el país durante los primeros cinco meses del año. Según el documento, se registraron 43 desplazamientos que afectaron a un total de 6.081 familias, equivalente a 15.437 personas. Los departamentos del Pacífico fueron los más afectados, encabezados por Nariño con 17 desplazamientos, seguido de Valle del Cauca con diez, Chocó con cuatro y Cauca con tres eventos.
El departamento de Nariño encabeza la lista con 17 desplazamientos, seguido por Valle del Cauca, con diez; Chocó, con cuatro, y Cauca, con tres eventos. Mientras que, en Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba se registró un evento de desplazamiento en cada uno. Así las cosas, los departamentos ubicados en el Pacífico son los más afectados.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil y resaltó la importancia de avanzar hacia una paz total en el país.
Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa de los desplazamientos, con 25 de los 43 eventos registrados, según el informe de la entidad. Le siguen las amenazas con ocho casos, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, cada uno con cuatro eventos.
“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, aseguró el defensor Camargo.
Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo llamó a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, en vistas a las próximas elecciones regionales en octubre, a incluir en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan brindar una atención digna e inmediata a las personas y familias víctimas del desplazamiento forzado.
