En un nuevo episodio que arroja luz sobre uno de los casos más escandalosos de los últimos años en Colombia, la Procuraduría General de la Nación anunció la sanción de cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por su responsabilidad en la fuga de la excongresista Aida Merlano. El hecho, ocurrido en 2019, conmocionó al país y puso en evidencia las fallas en el sistema de seguridad penitenciaria.
Según el ente de control, los sancionados habrían facilitado directa o indirectamente la fuga de Merlano, quien escapó de custodia durante una cita odontológica en el norte de Bogotá. El operativo de fuga incluyó el uso de una cuerda para descender desde el consultorio dental y la participación de cómplices externos, lo que dejó al descubierto serias irregularidades en los protocolos de vigilancia y custodia.
Los funcionarios sancionados incluyen a un director de cárcel, dos guardianes y un supervisor, quienes enfrentan medidas disciplinarias que van desde la suspensión hasta la destitución. La Procuraduría concluyó que los implicados actuaron con negligencia y violaron sus deberes funcionales, permitiendo que Merlano lograra su espectacular huida.
“Estos hechos no solo representan una grave falta a los principios de responsabilidad y transparencia que deben regir el actuar de los servidores públicos, sino que también minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país”, declaró Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación.
La fuga de Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por delitos electorales, se convirtió en un caso de alto perfil, no solo por la forma en que se produjo, sino también por las consecuencias que tuvo para el sistema penitenciario y judicial colombiano. Tras su escape, Merlano huyó a Venezuela, donde fue capturada en 2020. Desde entonces, el Gobierno colombiano ha gestionado su extradición sin éxito.
La sanción a los funcionarios del Inpec es parte de una investigación más amplia que busca determinar la red de complicidades que permitió el escape de la excongresista. Este hecho ha impulsado también debates sobre la necesidad de fortalecer los controles y procedimientos dentro del sistema penitenciario para prevenir futuros casos similares.
Con este fallo, la Procuraduría busca enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la responsabilidad y la probidad en la gestión pública, particularmente en un ámbito tan sensible como el penitenciario. Mientras tanto, la opinión pública sigue esperando respuestas sobre cómo se articularon las fallas que permitieron que Aida Merlano burlara a las autoridades.
