Pereira, 12 de junio de 2025. — La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) encendió las alarmas ante lo que considera una preocupante práctica en la autorización de eventos musicales por parte de alcaldías del país. Según la entidad, el 98 % del catálogo de obras musicales colombianas está bajo su administración, lo que implica que cualquier pago por concepto de derechos de autor debe hacerse directamente a Sayco —o su brazo organizacional OSA (Sayco Acinpro)— y no a gestores individuales.
Ricardo Gómez, director jurídico de Sayco, fue enfático en advertir que los alcaldes que autoricen conciertos cuyos derechos sean liquidados a terceros no autorizados se exponen a serios procesos legales. “Estas decisiones pueden derivar en demandas penales, disciplinarias o civiles que terminan siempre en favor de Sayco, porque estamos reclamando el uso de obras de nuestros asociados”, afirmó el funcionario.
El uso de música en eventos públicos, medios de comunicación, plataformas digitales o establecimientos comerciales está regulado por la legislación sobre derechos de autor. Para cada caso, existen entidades autorizadas para recaudar regalías en nombre de los compositores. En el caso de conciertos, presentaciones en vivo y emisiones, la responsable es Sayco; mientras que los negocios como bares, hoteles, tiendas o peluquerías deben cumplir con pagos a la Organización Sayco Acinpro (OSA).
Gómez denunció la existencia de gestores individuales que actúan sin legitimidad y que se han “apropiado indebidamente de recursos que terminan en sus bolsillos”. En ese sentido, reiteró el llamado a alcaldes y empresarios del espectáculo a no dejarse engañar. “Sus pagos deben ser directamente a la organización OSA para evitar ser demandados”, advirtió, destacando que ya existen sentencias judiciales que respaldan esta posición.
Uno de los casos más relevantes es el del municipio de Cúcuta, que ha sido condenado en más de cinco oportunidades por autorizar eventos con licencias emitidas por gestores no reconocidos. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado a algunos de estos intermediarios por prácticas como engaño al consumidor, manipulación del mercado y desviación de clientela.
Sayco también destacó que su estructura directiva —gerencia y Consejo Directivo— actúa bajo la constante vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), entidad adscrita al Ministerio del Interior. Esta supervisión garantiza que todas sus decisiones estén en consonancia con los estatutos internos y la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.
Finalmente, el llamado es claro: los municipios que no cumplan con los procedimientos legales corren el riesgo de perder recursos públicos en litigios prolongados. “Esa plata que le pagaron a un gestor individual la pierde el municipio, porque tarde que temprano se la tienen que pagar a la organización OSA”, concluyó Gómez.
