La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició formalmente una pesquisa tras la denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, que señala al presidente Gustavo Petro de posibles problemas de adicción y desequilibrios mentales.
El proceso se fundamenta en una carta pública escrita por el excanciller Álvaro Leyva, quien cuestionó la salud física y mental del mandatario y relató episodios polémicos, como la desaparición de Petro durante dos días en una visita oficial a París. Leyva, recientemente inhabilitado por diez años por su participación en un proceso irregular de licitación de pasaportes, expresó en su misiva su profunda desilusión con la administración actual y señaló conductas que le generan “desazón y desconcierto”.
Wilson Ruiz, impulsor de la denuncia, celebró la apertura de la investigación y exigió que el presidente se someta a exámenes médicos y psicológicos para esclarecer los hechos. En un video difundido en redes sociales afirmó: “Petro tiene que dar la cara y responder por cada irregularidad. Colombia no es un experimento ideológico ni un capricho personal, es una república y aquí las leyes se respetan”.
Para liderar el caso, la Comisión designó a tres congresistas: Carlos Cuenca, de Cambio Radical —quien se declara opositor al Gobierno—; Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y cercana a la Casa de Nariño; y Wadith Manzur, del Partido Conservador. La combinación de perfiles genera expectativas sobre un posible equilibrio o división en la investigación.
De avanzar, la Comisión podría ordenar exámenes médicos y psicológicos al presidente Petro, un hecho sin precedentes en la historia política reciente del país. Por ahora, la investigación se encuentra en fase preliminar, pero ya ha encendido un debate público sobre la capacidad del mandatario para gobernar y las posibles repercusiones políticas de este nuevo frente de conflicto.
La Comisión de Acusaciones tiene la responsabilidad de realizar un análisis riguroso y objetivo para determinar si las denuncias son fundadas y si el caso amerita un juicio político, con todas las consecuencias que ello implicaría para la estabilidad política nacional.
