La alocución del presidente Gustavo Petro, transmitida en la noche del 21 de abril por todos los canales de televisión, desató una nueva controversia institucional. El Consejo de Estado anunció que abrirá una investigación para determinar si dicha intervención constituyó un desacato a un fallo previo del alto tribunal que prohíbe la transmisión de consejos de ministros en canales privados.
El fallo, emitido semanas atrás, respondió a una tutela que cuestionó la legalidad de emitir consejos de ministros por señal abierta, argumentando que se vulneraba el derecho fundamental a recibir información plural, objetiva, veraz y oportuna. La decisión del Consejo de Estado prohibió expresamente que estos eventos fueran transmitidos por medios privados de televisión.
Sin embargo, el presidente Petro defendió la emisión del pasado 21 de abril, afirmando que no se trató de un consejo de ministros, sino de una alocución presidencial. Durante su discurso, el jefe de Estado denunció lo que calificó como un intento de censura en su contra. “Esta es una alocución presidencial y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan”, afirmó el mandatario.
Ante estas declaraciones, Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, respondió con contundencia. “No es una censura. Todo el país sabe que es una función constitucional la que cumple el Consejo de Estado. Lo que hicimos fue amparar un derecho de los colombianos: el de la información libre y plural”, expresó.
Álvarez también explicó la diferencia entre una alocución presidencial y un consejo de ministros. Señaló que la alocución se caracteriza por su “inminencia, urgencia y necesidad”, mientras que el consejo de ministros es un ejercicio de política pública que no siempre responde a un interés nacional inmediato. A su juicio, será tarea del juez de tutela establecer si la transmisión del 21 de abril incurrió en una falta al fallo emitido por el tribunal.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, respaldó la postura del Consejo de Estado y recordó que los fallos judiciales están para cumplirse. “En una democracia moderna como la nuestra no se puede entender el Estado de Derecho sin independencia y autonomía. Las decisiones judiciales, sean del nivel que sean, son para respetarse y acatarse”, recalcó.
Esta investigación abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y las altas cortes del país, y pone en el centro del debate la delgada línea entre el ejercicio del poder presidencial y el respeto a los límites constitucionales en materia de comunicación pública.
Mientras tanto, el país espera el pronunciamiento del juez competente para establecer si lo ocurrido el pasado domingo configura o no un desacato. La controversia promete seguir alimentando el ya encendido clima político nacional.
