En una Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por $160 mil millones en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), debido a presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de predios destinados a la Reforma Rural Integral (RRI).
La auditoría, llevada a cabo por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el periodo comprendido entre 2022 y el 30 de abril de 2024. En el informe se evidenciaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener incidencia disciplinaria y 6 un posible alcance fiscal. Además, se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio por inconsistencias en la información presentada por la ANT.
Principales hallazgos:
Predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria
Se detectó que algunos terrenos adquiridos presentan suelos de clase VII, lo que los hace inapropiados para la agricultura y la ganadería, incumpliendo la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014. Estos terrenos, en algunos casos, cuentan con humedales en un 30% de su superficie, afectando su viabilidad para proyectos productivos y generando un posible detrimento patrimonial de $43.306 millones.
Ocupaciones ilegales de predios adquiridos
La falta de control y custodia adecuada de los predios comprados permitió invasiones ilegales, generando un posible perjuicio económico de $5.646 millones y afectando el derecho de las comunidades beneficiarias.
Retrasos en la entrega de tierras
Solo el 18,5% de los predios adquiridos han sido transferidos oficialmente a los beneficiarios. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% han sido entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades negras. Este atraso ha generado un posible detrimento de $110.322 millones y ha obstaculizado el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.
Consecuencias y medidas a seguir
La Contraloría General ha solicitado la apertura de indagaciones para establecer responsabilidades y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. La situación evidenciada pone en riesgo la implementación de la Reforma Rural Integral y afecta directamente a las comunidades campesinas y étnicas que dependen de estas tierras para su desarrollo.
Se espera que las autoridades pertinentes tomen medidas correctivas para evitar nuevas irregularidades y garantizar que los predios adquiridos cumplan con los objetivos de la Reforma Rural Integral.
