La historia detrás de la compra por parte de Ecopetrol de las plantas de generación eléctrica Termomorichal I y II no solo está plagada de irregularidades técnicas y contractuales, sino que hoy, gracias a nuevos documentos obtenidos por La W, se confirma una verdad incómoda: la estatal petrolera sí sabía que estaba entregando 42 millones de dólares del erario por unos activos que, según contrato, debían pasar a sus manos sin costo alguno en apenas unos meses.
La decisión, que involucró de manera directa al entonces presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a los miembros de su Junta Directiva, se sustentó en la firma del otrosí #8 en junio de 2024, documento en el que la compañía decide ejercer una supuesta “opción de compra anticipada” de las plantas. Lo que no se justifica y sí se revela como grave es que dicho pago se realizó solo días antes de que el contrato expirara naturalmente y se activara la cláusula de transferencia gratuita de los activos.
El contrato BOOMT y la cláusula clave
Para entender el fondo del asunto, es necesario volver a los orígenes. En 2016, Ecopetrol heredó de Meta Petroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) un contrato BOOMT (Build, Own, Operate, Maintain and Transfer) firmado con Genser Power – Proeléctrica. Este tipo de contrato establece que, al finalizar el plazo estipulado, la infraestructura involucrada debe ser transferida sin costo a la empresa contratante, en este caso, Ecopetrol.
La cláusula tercera del contrato es inequívoca: los activos de conversión de energía serían transferidos a título gratuito una vez cumplido el plazo o al completarse los pagos estipulados. Y aunque desde 2016 el Ministerio de Hacienda fue informado de este proceso e incluso emitió la Resolución 2081 para liberar los recursos destinados a continuar el contrato, jamás se solicitó dinero para una compra, porque esta no era necesaria.
El otrosí del escándalo
Entonces, ¿por qué Ecopetrol pagó? ¿Cuál fue la urgencia?
El otrosí #8, firmado el 11 de junio de 2024, a solo 10 días del vencimiento del contrato de Termomorichal I y 20 del de Termomorichal II, permitió que Genser Power recibiera 42 millones de dólares por unos activos que debían, por contrato, ser entregados sin costo.
Esos pagos aparecen en el documento como “anticipos de capital”, una figura confusa que representa, en la práctica, una terminación anticipada sin razón técnica ni financiera aparente. Según el cronograma original, bastaba con esperar unos días para que las plantas pasaran formalmente a Ecopetrol sin que la empresa tuviera que gastar un solo dólar adicional.
¿Negligencia o corrupción?
Este movimiento administrativo —por demás precipitado— le costó al país 42 millones de dólares, que podrían haberse destinado a salud, educación o infraestructura. Más grave aún, ocurre en un contexto en el que el nombre de Ricardo Roa ha sido mencionado por investigaciones de El Tiempo y El Reporte Coronell en relación con la compra de un lujoso apartamento cuya financiación aún genera dudas.
Los hechos, tal como se desprenden de los documentos, descartan la posibilidad de un error administrativo. Ecopetrol, su presidente y su Junta Directiva tenían pleno conocimiento de las fechas, las condiciones contractuales y las implicaciones financieras. Aun así, tomaron una decisión que resultó lesiva para los intereses de los colombianos.
Hoy, más que una explicación, el país exige responsabilidades.
