La Fiscalía General de Colombia ha iniciado una investigación sobre un supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva para destituir al presidente Gustavo Petro, utilizando apoyo de círculos republicanos en Estados Unidos. La indagación, confirmada por fuentes de la Fiscalía, incluye acciones investigativas y órdenes a la Policía Judicial para determinar el alcance de los hechos que han sido denunciados.
El plan de Leyva fue revelado el pasado domingo por el diario El País, que publicó audios en los que el excanciller discute, con el congresista Mario Díaz-Balart, un acercamiento al senador Marco Rubio para presionar internacionalmente contra Petro. Según los audios, Leyva habría propuesto que la vicepresidenta Francia Márquez asumiera la presidencia. Este encuentro, que tuvo lugar hace dos meses en Estados Unidos, desató una serie de declaraciones y rechazos, incluyendo el de Márquez, quien negó haber participado en cualquier complot.
Leyva, un político conservador de 82 años y exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Petro, dejó su cargo en 2022, y desde entonces ha hecho reiteradas acusaciones sobre presuntos problemas de adicción de Petro, un tema que, según El País, Leyva consideraba como un punto de partida para sacar al presidente de su puesto.
En una grabación a la que accedió el diario español, Leyva sugiere que contaba con el apoyo de la vicepresidenta. Sin embargo, Márquez desmintió estas afirmaciones en un comunicado, afirmando que “jamás” traicionó al presidente y rechazó cualquier intento de utilizarla en conspiraciones políticas.
El presidente Petro, desde Sevilla, donde se encuentra participando en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, exigió explicaciones públicas y legales. “Las personas mencionadas por Leyva deben dar explicaciones no solo en términos de políticas públicas, sino ante la justicia”, expresó el mandatario colombiano.
La situación ha generado un intenso debate político, con Leyva destacando la relación entre Márquez y la crisis interna del Gobierno, que estalló tras un consejo de ministros polémico. Sin embargo, la vicepresidenta ha insistido en que no ha estado involucrada en ningún tipo de conspiración.
