Después de años de reclamos por reboses, malos olores y afectaciones a la salubridad, el corregimiento de Irra recibió una noticia que la comunidad venía esperando: la Gobernación de Risaralda anunció una inversión de $2.150 millones para intervenir tres tramos priorizados del sistema de alcantarillado, con el objetivo de mejorar el saneamiento básico y preparar el terreno para obras posteriores en la malla vial.
El anuncio lo hizo el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa durante una agenda territorial en Quinchía. Según la administración departamental, el proyecto ya está estructurado y entrará a la fase de viabilización técnica, un paso clave antes del inicio de obra. En los próximos días, la Empresa de Servicios Públicos del Departamento (Empresas Públicas de Risaralda, EPR) realizará una visita técnica en Irra para validar en campo las intervenciones definidas.
Desde la Alcaldía de Quinchía, el alcalde Jader de Jesús Clavijo calificó el anuncio como “fundamental” para atender una problemática histórica en el corregimiento y subrayó que la estrategia prioriza primero redes subterráneas y luego pavimentación, para evitar que futuras obras de asfalto terminen abriendo nuevamente la vía por fallas de servicios. En el mismo mensaje, se destacó la concurrencia de recursos y el papel del esquema del Plan Departamental de Aguas (PDA) en la articulación con la EPR.
La intervención en Irra no fue el único anuncio de la jornada. La Gobernación también presentó un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías para fortalecer la economía de mineros de subsistencia en el departamento. La iniciativa supera los $3.100 millones y está orientada a apoyar a más de 150 familias en nueve municipios, con emprendimientos definidos por los propios beneficiarios para diversificar ingresos y reducir la dependencia exclusiva de la minería.
En conjunto, la Gobernación plantea estas inversiones como parte de una agenda de infraestructura básica y desarrollo económico local: primero, cerrar brechas de saneamiento que impactan salud pública; y, en paralelo, promover alternativas productivas donde la minería de subsistencia es una realidad social y económica.
