Tras una sesión extensa y cargada de tensión política y social, el Senado de Argentina dio luz verde a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. La votación, que terminó en la madrugada de este jueves con 42 apoyos y 30 rechazos, deja ahora el proyecto en manos de la Cámara de Diputados, donde aún podría sufrir modificaciones.
La aprobación se produjo mientras, a pocos metros del Congreso, miles de personas se concentraban para rechazar la iniciativa. La jornada derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con lanzamiento de piedras y bombas molotov, y una respuesta policial con gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma. El saldo preliminar incluyó al menos dos heridos y más de 35 detenidos.
Qué cambia la reforma
El texto impulsado por el oficialismo introduce transformaciones profundas en el régimen laboral argentino. Entre los puntos más controvertidos están la reducción de indemnizaciones por despido, mayores facilidades para desvincular trabajadores, límites al derecho de huelga y la posibilidad de acordar pagos en especie. También contempla que los empleadores puedan fraccionar las vacaciones.
Desde el Gobierno, la reforma es presentada como una herramienta para modernizar el mercado laboral y estimular la contratación. Milei celebró la votación calificándola de “histórica” en su cuenta de X y defendió el proyecto como parte de su plan de apertura económica y fortalecimiento del sector privado.
La senadora oficialista Patricia Bullrich sostuvo que el objetivo es “simplificar” el sistema y generar condiciones para que el país crezca a partir de la inversión y la producción privada. “Este esquema fracasó”, afirmó durante el debate.
Rechazo sindical y oposición política
La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones gremiales consideran que la iniciativa implica un retroceso en derechos laborales. Argumentan que no existen garantías de que las nuevas reglas generen empleo en un contexto de desaceleración económica, caída del consumo y contracción industrial.
Durante la protesta, organizaciones sociales, partidos y sindicatos desplegaron consignas contra lo que califican como una reforma “regresiva”. Algunos gremios más combativos, como el sindicato de Aceiteros, cuestionaron incluso la estrategia de la CGT y pidieron avanzar hacia una huelga general.
El senador opositor José Mayans advirtió que la ley no atraerá inversiones ni creará puestos de trabajo mientras se mantenga el actual rumbo económico. Desde el peronismo en Diputados ya anticiparon que intentarán frenar o dilatar el tratamiento del proyecto en la cámara baja.
Contexto económico
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023, el Gobierno ha implementado un programa de ajuste y reducción del Estado. Según datos oficiales y estimaciones sectoriales, en ese período se perdieron alrededor de 300.000 empleos formales, con impacto significativo en sectores como la construcción y la industria.
Con el Ejecutivo negociando contrarreloj modificaciones para asegurar la sanción definitiva antes del inicio del período ordinario de sesiones el 1 de marzo, el debate promete continuar tanto en el Congreso como en las calles.
