Un informe de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos reveló el balance final de las protestas que sacudieron a Ecuador durante 31 días entre septiembre y octubre: dos personas fallecidas, 473 heridas, 206 detenidas y 391 violaciones a los derechos humanos.
Según el reporte, las dos víctimas mortales eran manifestantes de comunidades indígenas que murieron por disparos presuntamente efectuados por miembros del Ejército durante los intentos de desbloqueo de carreteras. Al menos una docena de los detenidos fueron procesados por la Fiscalía bajo cargos de terrorismo, aunque posteriormente fueron liberados tras el fin de las movilizaciones.
El documento también detalla que entre las vulneraciones registradas se cuentan 155 afectaciones a la integridad personal, 84 al derecho a la protesta, 44 a la libertad personal, 36 a la libertad de expresión y ocho amenazas graves al derecho a la vida, entre otras. La Alianza denunció que el Estado “utilizó aparatos institucionales para perseguir, estigmatizar y censurar” a los manifestantes, además de recurrir al derecho penal contra líderes y organizaciones indígenas.
Las protestas, encabezadas por el movimiento indígena, se originaron tras la eliminación del subsidio al diésel, decretada sin previo aviso por el gobierno de Daniel Noboa. Las provincias de Imbabura y Pichincha concentraron el 75 % de las violaciones a los derechos humanos, siendo los principales escenarios de enfrentamientos.
La Alianza advirtió sobre un “deterioro democrático” en Ecuador desde que el presidente Noboa declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024 para hacer frente a la violencia criminal, que ha dejado más de 4.600 homicidios en lo que va de 2025.
El informe concluye con un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar y exhortar al Estado ecuatoriano para que respete los derechos de los manifestantes y comunidades indígenas, y para que se investiguen y sancionen las violaciones cometidas durante las protestas de 2019, 2022 y 2025.
