La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado suspender temporalmente las expulsiones de ciudadanos venezolanos hacia El Salvador, tras admitir un recurso de emergencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La decisión surge en respuesta a las recientes acciones del Gobierno estadounidense, que intentaba deportar a migrantes venezolanos bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un recurso legal raramente utilizado y que solo se había invocado en contextos bélicos.
La medida afecta especialmente a un grupo de migrantes detenidos en centros de detención en Texas, quienes estaban siendo enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador que ha sido objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales debido a las condiciones extremas e inhumanas en las que viven los reclusos.
El fallo de la Corte, aprobado con dos votos en contra, establece que cualquier intento de deportación bajo esta ley deberá notificarse a los afectados y concederles un “tiempo razonable” para apelar la decisión. Según el recurso interpuesto por la ACLU, las autoridades migratorias parecían buscar una reactivación de las deportaciones masivas basadas en acusaciones sin debido proceso, ligando a muchos de estos migrantes con la organización criminal venezolana Tren de Aragua, sin pruebas concluyentes.
Desde marzo, más de 200 venezolanos han sido trasladados a la megacárcel salvadoreña en virtud de un acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La prisión, diseñada para albergar hasta 40.000 personas, mantiene a sus internos confinados 23 horas y media al día, sin acceso a visitas, contacto con abogados ni condiciones mínimas de salubridad. Las denuncias por torturas, violaciones al debido proceso y detenciones arbitrarias han escalado en los últimos meses.
La situación recuerda un precedente alarmante: en noviembre de 2024, las autoridades salvadoreñas reconocieron que cerca de 8.000 personas fueron detenidas injustamente durante el estado de excepción y posteriormente liberadas. “Estamos viendo una cooperación internacional que pone en riesgo los derechos humanos fundamentales de los migrantes”, advirtió Julia Calderón, portavoz de Human Rights Watch. “Enviar a personas a una cárcel diseñada para pandilleros sin un juicio justo es una violación flagrante del derecho internacional”.
En tanto, el gobierno de Joe Biden, que heredó esta política del mandato de Donald Trump, aún no ha emitido una declaración oficial tras el fallo del Supremo. Mientras tanto, los defensores de los derechos de los migrantes celebran la decisión como un respiro, aunque temporal, para cientos de venezolanos en riesgo de ser enviados a una de las prisiones más severas del continente.
