La justicia boliviana intensifica el cerco judicial contra el expresidente Evo Morales, luego de que un juez de Tarija ordenara su aprehensión tras ausentarse por segunda vez a una audiencia clave. Morales, de 65 años, enfrenta graves acusaciones de trata de personas relacionadas con una relación que habría sostenido en 2015 con una menor de 15 años, durante su mandato presidencial.
El juez Nelson Rocabado, al anunciar su resolución durante una audiencia transmitida por Bolivia TV, declaró a Morales en rebeldía, lo que suspende el juicio hasta que el líder cocalero sea detenido. “Se dispone que se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado”, señaló Rocabado. La fiscalía ya había emitido una orden de detención en octubre de 2024, pero Morales no se presentó a declarar.
Según la fiscal Sandra Gutiérrez, el caso involucra la presunta relación entre Morales y una menor cuyos padres habrían consentido la unión a cambio de beneficios políticos y económicos. “Los padres inscribieron a su hija en la ‘guardia juvenil’ de Morales con la única finalidad de escalar políticamente”, detalla el expediente del Ministerio Público.
Fruto de esta relación, la menor dio a luz a una hija en 2016. En su defensa, Morales ha rechazado las acusaciones, argumentando que una investigación similar fue desestimada en 2020, cuando se le imputó por estupro, un delito relacionado con relaciones sexuales con menores entre 14 y 18 años. No obstante, en esta ocasión, la fiscalía se centra en un caso de trata de personas, que podría acarrear penas de 10 a 15 años de prisión.
La declaración de rebeldía contra Morales ha generado un intenso debate político en Bolivia. Mientras sus aliados califican las acciones judiciales como una persecución política, los críticos enfatizan la gravedad de las acusaciones y exigen justicia. El caso también pone bajo escrutinio las prácticas de clientelismo político durante su mandato, así como el rol de instituciones como la “guardia juvenil”.
La fiscal Gutiérrez advirtió que la declaratoria de rebeldía no solo retrasa el proceso, sino que también compromete al exmandatario a enfrentar mayores consecuencias legales. “El juicio no podrá avanzar hasta que Morales se presente. Mientras tanto, seguimos recabando pruebas”, afirmó.
El caso contra Morales marca un nuevo capítulo en las controversias que rodean al exlíder, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. Su figura, polarizante en el escenario político nacional, enfrenta ahora uno de los desafíos más graves de su carrera, con implicaciones no solo legales sino también éticas y sociales.
A medida que la justicia avanza, la atención nacional e internacional seguirá de cerca un proceso que promete ser decisivo tanto para el futuro político de Morales como para la credibilidad del sistema judicial boliviano.
