Argentina amaneció este jueves 19 de febrero con buena parte de su actividad detenida por una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, enfrenta ahora un debate decisivo en la Cámara de Diputados en medio de un clima de fuerte tensión política y social.
El paro, respaldado también por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros gremios, impacta especialmente en el transporte público. Los sindicatos ferroviarios y de autobuses suspendieron servicios en gran parte del país, dejando sin circulación trenes, metro y la mayoría de las líneas de buses. La medida se extiende además a puertos y aeropuertos: la Cámara de Líneas Aéreas informó la cancelación de cientos de vuelos, con miles de pasajeros afectados.
Bancos, escuelas públicas y múltiples dependencias estatales permanecen cerradas, mientras que en hospitales solo se atienden urgencias. Aunque algunos comercios decidieron abrir, la escasa movilidad en las calles redujo notablemente la actividad económica.
Desde la CGT calificaron la propuesta oficial como “regresiva” y señalaron que, a su juicio, el proyecto reduce derechos laborales adquiridos. Uno de los secretarios generales de la central sostuvo que el nivel de acatamiento es “muy alto” y que desde la noche anterior ya se registraba la adhesión de sectores industriales con turnos nocturnos.
Mientras tanto, en los alrededores del Congreso se concentran organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales que buscan presionar a los diputados en plena discusión parlamentaria. El Gobierno reforzó el operativo de seguridad y aplicó su protocolo para evitar bloqueos y disturbios, con un amplio despliegue policial y vallado en la zona legislativa.
El desenlace legislativo es incierto. La Cámara de Diputados deberá definir si convierte en ley una reforma que, según el oficialismo, moderniza el mercado laboral, pero que para los sindicatos representa un retroceso en garantías históricas para los trabajadores.
