El aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, anunciado por el Gobierno Nacional y que fija el ingreso en dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte, continúa generando un intenso debate en el país. Esta vez, la reacción vino desde el sector empresarial, que expresó una fuerte preocupación por los efectos que, a su juicio, tendría la medida sobre la economía colombiana.
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, calificó la decisión del Ejecutivo como “irresponsable” y aseguró que representa un “tiro en el pie” para el país, especialmente en un contexto que definió como de emergencia económica. Según el dirigente, el incremento salarial generaría un sobrecosto superior a los 9,5 billones de pesos en el presupuesto nacional.
Sánchez argumentó que el impacto positivo del aumento es limitado, al señalar que solo 3,4 millones de colombianos devengan el salario mínimo, mientras que los efectos negativos se extenderían a los más de 52 millones de habitantes por el encarecimiento general del costo de vida. En su análisis, advirtió que la medida podría traducirse en aumentos en las administraciones de edificios, así como en el encarecimiento de los créditos y las tasas de interés.
“Estas buenas intenciones le van a costar mucho a los empleadores, fundamentalmente al microempresario”, afirmó el líder gremial. Según explicó, muchos pequeños empresarios no tendrían la capacidad financiera para asumir los nuevos costos laborales y se verían obligados a despedir trabajadores formales o a recurrir a la contratación informal para mantener la rentabilidad de sus negocios.
Desde la óptica del Consejo Gremial, la informalidad laboral sería una de las principales consecuencias del aumento, afectando especialmente a los cerca de 12 millones de personas que actualmente ganan menos de un salario mínimo y que no se beneficiarían directamente del incremento. Sánchez también alertó que varios sectores clave de la economía podrían verse impactados, ya que servicios como las tarifas de servicios públicos, las administraciones de edificios, la salud prepagada y los copagos están indexados al salario mínimo.
En conclusión, el presidente del Consejo Gremial sostuvo que el incremento salarial no puede considerarse un acto de justicia social, sino una decisión técnica deficiente que pone en riesgo la estabilidad del sector empresarial, responsable —según dijo— de garantizar el pago de prestaciones, cesantías y la formalidad laboral en el país. Para Sánchez, el aumento es comparable con “apagar un incendio con gasolina”, pues, aunque la intención sea ayudar a los trabajadores, la magnitud del ajuste podría avivar la inflación y la informalidad, erosionando el poder adquisitivo que se buscaba proteger.
