En un nuevo capítulo para el esclarecimiento de la verdad en torno al conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, exjefe del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia, a rendir declaración juramentada sobre posibles alianzas entre la Fuerza Pública y estructuras paramilitares en el Magdalena Medio.
La diligencia judicial, formalizada mediante el Auto CDG – 08 – 086 del pasado 8 de abril, hace parte del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles en relación con el conflicto armado interno. Según la JEP, el objetivo es develar cómo se gestaron presuntos pactos que habrían permitido la consolidación del paramilitarismo en esta estratégica región del país.
La JEP investiga la forma en que integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios públicos habrían facilitado el accionar armado del Bloque Central Bolívar, una estructura que entre 1996 y 2006 instauró un régimen de terror mediante homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Parte de estas operaciones habrían sido financiadas a través de prácticas como el cobro de extorsiones a contratistas de Ecopetrol, el desvío de combustibles y el otorgamiento irregular de empleos.
La orden también da respuesta a las víctimas acreditadas en el proceso, quienes solicitan que ‘Macaco’, desde su rol de comandante paramilitar, ayude a desentrañar las redes de complicidad estatal que posibilitaron el dominio territorial y político del Magdalena Medio, así como su incidencia en procesos electorales a nivel local, departamental y nacional.
El exjefe paramilitar, actualmente preso en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia), deberá enviar su testimonio en video o por escrito, respondiendo a un cuestionario que le será entregado el 25 de abril. Tendrá un plazo de 15 días calendario para contestar, con o sin la asesoría de un abogado, ya que se trata de una declaración bajo juramento en calidad de testigo, y no una versión voluntaria.
La JEP subrayó que cualquier falsedad en esta declaración podría tener consecuencias legales, dado el carácter formal y probatorio del testimonio. Las víctimas, por su parte, podrán presentar observaciones y proponer preguntas que serán incluidas en el interrogatorio.
A pesar de haber sido extraditado a Estados Unidos y reincorporado al país años después, la JEP aclara que tiene la facultad de citar a personas no sometidas a su jurisdicción cuando su testimonio es considerado clave para esclarecer los hechos del conflicto.
Esta citación representa un paso crucial en la construcción de la verdad sobre los vínculos entre estructuras ilegales y el Estado, una verdad que sigue siendo una deuda pendiente para muchas víctimas del conflicto en Colombia.
