¿Más de lo mismo, esa ‘platica’ se perdió?

428 millones de pesos que no aparecen, tienen en vilo la posible candidatura de Carlos Eduardo Toro a la alcaldía.

El ex alcalde de Santa Rosa de Cabal, Carlos Eduardo Toro, se encuentra en el ‘sonajero’ político para llegar a la alcaldía, sin embargo, a raíz de la sentencia en segunda instancia que ratificó su presunta culpabilidad en el detrimento del erario público del municipio, además se encuentra con una inhabilidad disciplinaria vigente, emitida por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Esto se debe al fallo de responsabilidad fiscal No 004, emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda, el día 04 de junio de 2021 donde el ex alcalde y hoy aspirante a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, fue declarado responsable a título de culpa grave y en forma solidaria de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

Cabe resaltar que la respuesta al recurso de mano alzada, fue confirmar que el señor Toro Ávila , fue “hallado responsable fiscalmente a título de culpa grave por las irregularidades en la ejecución de los contratos de suministro No. 91 de 30 de mayo de 2014 y 174 de 22 de octubre del mismo año, suscritos por el municipio de Santa Rosa de Cabal y la persona jurídica Distribuidora La Montaña S.A.S., cuyo objeto era el suministro de materiales de construcción con destino a las diferentes obras de infraestructura educativa a realizar en el municipio”.

No obstante la defensa del ex alcalde solicitó la apelación del fallo conferido en primera instancia, argumentando que existían inconsistencias en el mismo, tales como:

1. Equivocada valoración probatoria
2. Equivocada valoración normativa
3. La no acreditación de los elementos de responsabilidad fiscal
4. Violación al debido proceso y al derecho de defensa.

Frente a la argumentación sostenida por la defensa, el despacho responde que: “pues no hay evidencia que permita determinar que los elementos contratados fueron entregados a la comunidad educativa, no hay prueba de la entrega de los bienes en las obras del municipio y a ello se suma la ausencia de formalización o ingreso material y real de aquellos al almacén del ente territorial”.

La cifra

428 millones de pesos que no aparecen, tienen en vilo la supuesta candidatura de Carlos Eduardo Toro a la alcaldía

A todo esto, hay que manifestar además, que el señor Toro se encuentra inhabilitado, esto debido al fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación en el cual no podrá contratar con el estado, ni ocupar cargos públicos, sanciones con vigencia hasta el año 2026. Sin embargo, hablamos con el señor Toro Ávila, quien manifiesta que la Procuraduría esta equivocada.

Dicho esto, es cuestionable para los habitantes del municipio y genera un alto grado de incertidumbre la posible candidatura de Toro Ávila debido a los procesos que hoy lo envuelven, y que a su vez son bastantes contradictorios puesto que según lo manifiesta la abogada Diana Vásquez, “si usted ingresa a la página de la Procuraduría y le aparecen antecedentes, es porque los tiene, eso no lo va a modificar nadie, si existe una sentencia es porque es así”.

Reacciones

Carlos Eduardo Toro- Ex alcalde de Santa Rosa

“La Procuraduría dice que hay una inhabilidad por parte de la Contraloría y resulta que no existe absolutamente nada de la Contraloría, sino que la Procuraduría esta atrás de noticias y todavía tiene un reporte por el cual yo tengo demandada a la Contraloría General de la República, por ahora yo aspiraciones no tengo, considero que si hay la posibilidad de hacer una convergencia amplia, suprapartidista sin que este mi nombre, yo estoy dispuesto a apoyarla, entonces el nombre mío sobre la palestra no esta, los oponentes son los que sacaron por ahí que yo estaba inhabilitado, me enteré casualmente, yo elevé un derecho de petición a la Procuraduría pues están cometiendo una arbitrariedad, reportando una inhabilidad que no existe”.

Lisbeth Padilla- Abogada

“Así no estuviera inhabilitado disciplinariamente, el hecho de tener el fallo de responsabilidad fiscal, también lo inhabilita para ejercer cargos públicos, para contratar con el estado, para postularse a cargos de elección popular, a menos de que cancele los dineros que esta adeudando”.

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