En debate de control político convocado por el Partido Alianza Verde realizado ayer en el Congreso de la República, la representante Carolina Giraldo Botero destapó la “olla podrida” de los recursos que llegaron a Risaralda por el mecanismo de OCAD Paz.
El escándalo sobre los recursos de los OCAD Paz que conoció el país desde el 28 de junio pasado, y que según ha trascendido en medios de comunicación nacionales ascienden a un monto cercano a los $500 mil millones de pesos, ahora salpica a Risaralda, según expuso en su intervención la representante Giraldo Botero.
En el debate participaron además los representantes de este partido Cathy Juvinao y Duvalier Sánchez, al que se unieron los congresistas de partidos alternativos, Jennifer Pedraza y Sergio Marín, para realizar un seguimiento a los recursos que se perdieron a través del OCAD Paz. Cada uno de ellos entregó detalles reveladores sobre este caso de corrupción en diferentes regiones del país.
Una de las propuestas que se escuchó fue la de la representante Jennifer Pedraza, en el sentido de “eliminar el control concomitante de la Contraloría”, porque según expuso, este mecanismo fue utilizado en contravía para lo que fue creado. Además, hizo un llamado a la ciudadanía y a los veedores para que continúen con su labor de vigilancia de los recursos públicos.
Por su parte, Sergio Marín, del Partido Comunes, mostró una visión general en el país sobre lo que se presume sucedió con estos dineros, destinados inicialmente a fondos públicos para coadyuvar a la reconstrucción social y económica de los municipios más golpeados por el conflicto armado, conocidos como municipios PDET, donde Risaralda no está incluida. Y aseguró que “los recursos de la paz para diez años, se gastaron en un año”.
El monto de los recursos recibidos en Risaralda por el mecanismo de OCAD Paz asciende a $36.459 millones de pesos, destinados a la construcción de vías y placas huellas en ocho municipios del departamento. En los que según la congresista, “se evidencian aparentes sobrecostos de hasta del 127% y cuyo estado se encuentra en aparente deterioro”.
Estos dineros fueron recibidos en la administración del exgobernador Sigifredo Salazar, en el 2019, por supuestas gestiones del senador Juan Samy Mereheg, ambos del Partido Conservador, quien en video publicado en redes sociales niega cualquier vínculo de su nombre con estas denuncias. En la actualidad, el senador Mereheg tiene asiento en el OCAD del departamento de Risaralda.
La denuncia de la Representante a la Cámara por Risaralda fue aún más hondo, al señalar que en este entramado para la entrega de recursos para el departamento, al parecer pueden estar involucradas “personas ampliamente cuestionadas por sus vínculos con Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel´, uno de ellos no solo condenado sino pedido en extradición por EE.UU”, dijo Giraldo Botero.
Durante el candente debate, un parlamentario del Partido Conservador salió en defensa de su partido y explicó que los congresistas que han hecho parte del OCAD Paz han sido alternados, según el partido político que ha estado en la presidencia de las respectivas corporaciones, Cámara o Senado. Estas denuncias serán investigadas por la Corte Suprema de Justicia.
