Actualmente los diputados evalúan las recusaciones que fueron impetradas la semana anterior, según la ley tienen cinco días hábiles para hacerlo, el diputado Durguez Espinosa también afronta dos recusaciones.
Hace unos días se conoció que los diputados conservadores Carlos Andrés Gil y Carlos Wilson Suárez, recibieron varias recusaciones al parecer por un presunto conflicto de intereses en la elección del Secretario General de la Asamblea de Risaralda, a eso se suma ahora el hecho de que al parecer los diputados tendrían por lo menos cuatro procesos de demanda de acción para nulidad electoral.
Según lo conocido, las acciones jurídicas reposan en el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, al parecer por presunta doble militancia. Recordemos que Gil es el segundo vicepresidente de la corporación y Suárez logró conservar su credencial para el período 2024 – 2027.
Devenir
Dicha situación podría generar un ‘terremoto’ en la conformación de la corporación departamental tras el resultado de las más recientes elecciones. Estos desafíos legales añaden una capa adicional de complejidad al escenario político actual, otro de los que al parecer hace parte del ‘sonajero’ jurídico, es el diputado liberal Javier Antonio Ocampo, quien obtuvo 11.580 votos y quien se ve inmerso en una acción de nulidad de elección para la Asamblea. Las acusaciones se centran en presuntas inhabilidades que podrían afectar su posición en el tablero político.
Ante este panorama político, hay nombres que se ‘frotan’ las manos y que quedaron en lista de espera, a la expectativa de lo que pueda ocurrir donde se destacan exdiputados y exalcaldes como James Álzate y Diego Naranjo, junto con Duván Murillo y Cristian Jaramillo. Mientras tanto, en el ámbito liberal, figuras como el exdiputado Herman Calvo Pulgarín y el exalcalde Héctor Rendón continúan ocupando lugares relevantes según el orden de votación.
A pesar de las tensiones judiciales en curso, los tres diputados expresan confianza en salir airosos de las acciones legales interpuestas en su contra. La incertidumbre respecto a los autores de estas acciones legales agrega un matiz intrigante a la situación actual.
Pueblo Rico
El Procurador 157 Judicial II para asuntos de conciliación administrativa, en calidad de agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal, ha presentado un concepto relacionado con la medida cautelar en el proceso que busca declarar la nulidad de la elección del ciudadano Martín Siagama Gutiérrez como alcalde del municipio de Pueblo Rico, para el periodo 2024-2027.
Según el análisis del caso en el punto 4.3, el agente del Ministerio Público destaca que, a través de los videos presentados por la demandante, se evidencia el respaldo de dos candidatos distintos a aquel que su partido político apoyó en coalición política. El Procurador sugiere que, aunque el candidato no se pronunció a favor de ninguno de ellos, participó en eventos de campaña junto a la candidata Juliana, lo que podría configurar la causal de doble militancia por apoyo a candidatos de afiliación política diferente.
En el apartado 4.4, el Ministerio Público concluye que, en este estadio procesal preliminar, es procedente decretar la medida cautelar solicitada, subrayando que esta decisión no impide que futuros elementos probatorios puedan llevar a una conclusión diferente a medida que avance el proceso. La atención se centra en el consentimiento del candidato en participar activamente con la candidata Juliana Enciso, respaldando la solicitud de nulidad de la elección del alcalde de Pueblo Rico y subrayando la importancia de considerar los elementos probatorios adicionales que se incorporen en el curso del proceso.
Dato
El día de hoy se tiene prevista la presentación del plan de trabajo de los aspirantes al cargo de Secretario General, se conocerá si los diputados implicados podrán ser parte del proceso o no.
