La Defensoría Nacional del Pueblo emitió una alerta temprana para varias regiones del país, con miras a los procesos electorales de 2025 y 2026. Varios municipios de Risaralda tienen riesgo, según el informe.
Se trata de la alerta temprana N°013 de 2025, en la cual la Defensoría del Pueblo advierte sobre grandes y preocupantes riesgos en el desarrollo de los procesos electorales que se avecinan.
Indica la Defensoría que se evidencia una preocupante normalización de dinámicas criminales, asociadas a factores estructurales como la violencia instalada, los ambientes condicionados, el control económico y el ejercicio disfuncional de la política.
Esta normalización opera como mecanismo de supervivencia: las comunidades asumen que “no hay otra opción”, lo que perpetúa y profundiza los riesgos.
En zonas rurales, sobre todo las fronterizas, la percepción de debilitamiento de la presencia estatal —especialmente de la fuerza pública— facilita el accionar de grupos armados ilegales.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo advierte para Risaralda sobre el riesgo de constreñimiento electoral en municipios como Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría (Risaralda), entre otros municipios vecinos de Caldas y Quindío, donde se han identificado intereses de expansión o consolidación de actores armados.
El constreñimiento electoral es un delito en que incurre una persona, que bajo amenazas obliga a alguien a votar por determinada lista o determinado candidato.
“Estas vulnerabilidades incrementan el riesgo de control social ejercido por estos grupos delincuenciales con impactos diferenciados sobre personas defensoras de derechos humanos, NNAJ, comerciantes y transportadores, lo que configura una amenaza directa a las poblaciones objeto de la presente alerta electoral”, se indica en el informe.
Dice también la Defensoría en otro aparte, que en municipios como Pereira y Santa Rosa de Cabal, un grupo de crimen organizado, ha instrumentalizado a personas deudoras de préstamos usureros (“gota a gota”) para inducir su voto en elecciones nacionales y regionales, pues quienes no acatan estas directrices pueden sufrir represalias contra su integridad o sus medios de subsistencia, tanto en negocios formales como informales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el 9% de los municipios en Colombia, equivalentes a 104 localidades, requieren atención prioritaria ante la proximidad de las elecciones. Según la Defensoría serían por 649 municipios con diferentes tipos de riesgo.
La Defensora del Pueblo respaldó el trabajo de cien personas, que estuvieron involucradas en el recorrido para elaborar el informe que se dio a conocer.
Niveles de riesgo
– 14 municipios a nivel nacional, con llamado a la acción urgente, entre ellos Dosquebradas, Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico en Risaralda.
– 45 municipios, con acción prioritaria y de Risaralda están, Quinchía, Guática, Apía, Santuario, La Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal.
– 48 municipios, en observación permanente.
-108 municipios, en acción ordinaria, rango en el cual se encuentran, La Celia, Balboa y Marsella.
Leyenda: Pereira se encuentra entre los 45 municipios a nivel que según la Defensoría del Pueblo, requieren acción prioritaria, en lo que respecta a la alerta electoral emitida. Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que este informe no implica que las elecciones 2026 sean aplazadas o suspendidas.
Reacciones
Hernán Penagos
Registrador Nacional
“Que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones en nuestro país, los esfuerzos institucionales están orientados a garantizar el derecho al voto en condiciones de seguridad y libertad.
Alejandro García
Representante a la Cámara
“Es muy delicado, estuve en la presentación de esta alerta temprana electoral y queda uno con un gran sinsabor. A nivel nacional, 14 municipios presenta riesgo muy alto y cuatro de ellos están Risaralda: Mistrató, Pueblo Rico y Belén de Umbría y en el departamento, 11 de los 14 municipios tienen riesgo electoral. Es una situación muy delicada que debe atenderse porque debe garantizarse la seguridad de todos los actores que participan en el proceso electoral. La democracia se debe garantizar en libertad y sin coacciones”.
Eisenhower Zapata
Defensor de víctimas
“El departamento de Risaralda enfrenta un panorama crítico debido al aumento de los homicidios en casi todos sus municipios, con excepción de La Celia, Balboa y Marsella. A esta situación se suma una alerta temprana electoral emitida a nivel nacional, que ubica a municipios como Mistrató, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Dosquebradas y Zarzalda en riesgo extremo y urgente. La presencia de grupos armados como y la violencia urbana en el eje Pereira–Dosquebradas–La Virginia–Santa Rosa de Cabal agravan el escenario de seguridad. Ante esto, el presidente de la República ha cuestionado la actuación de las autoridades locales y planteado la necesidad de una nueva depuración policial, pese a que ya se realizó una por solicitud ciudadana, bajo el mando del coronel Ochoa”.
María Fda. Cabal
Senadora C.D.
“Desde el parlamento europeo denuncié el deterioro democrático que vive Colombia bajo el gobierno de Petro. Pedí a la Unión Europea una misión de observación electoral independiente para el 2026”.
Cuentas claras: MOE
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre la falta de información pública respecto a la financiación de las campañas políticas, un aspecto clave para garantizar la transparencia del proceso electoral.
En su más reciente informe presentado ante la Quinta Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, la MOE señaló que actualmente no existen mecanismos que permitan consultar los reportes de las cuentas de campaña, lo que dificulta el seguimiento a los movimientos financieros de precandidatos y partidos políticos.
El organismo hizo un llamado a las autoridades competentes para que se garantice el acceso público a la información económica de las campañas, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos.
