La Fiscalía General de la Nación formalizó el 1 de diciembre la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), a quienes señala de haber articulado, desde el Gobierno nacional, una estructura para direccionar millonarios contratos de infraestructura y gestión del riesgo a congresistas, a cambio de respaldo político en el Capitolio.
Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 —e incluso hasta octubre de 2024, de acuerdo con otras fuentes— se habría comprometido la entrega de proyectos por más de 612.000 millones de pesos, principalmente a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el objetivo de asegurar mayorías para la aprobación de reformas y operaciones de crédito público impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
La audiencia de imputación se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, en el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, y continuará el 15 de diciembre de 2025, cuando se reanudará la discusión sobre una posible medida de aseguramiento contra los exfuncionarios.
Los delitos imputados y el supuesto “plan para comprar congresistas”
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, imputó a Bonilla y Velasco los delitos de:
concierto para delinquir agravado
interés indebido en la celebración de contratos
cohecho por dar u ofrecer
De acuerdo con su exposición, los exministros habrían “liderado, promovido y dirigido” una organización criminal que buscaba “aceitar” el Congreso mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos a congresistas clave, a cambio de su apoyo en debates de reformas sociales y en la aprobación de cupos de endeudamiento para la Nación.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría tenido vocación de permanencia y se habría implementado a través del direccionamiento de 74 proyectos del Invías por 571.000 millones de pesos, y cinco proyectos adicionales en la Ungrd por más de 40.000 millones. Sin embargo, de los 79 contratos identificados, solo siete habrían llegado a concretarse.
Los testigos clave: exdirectivos de la Ungrd y una exasesora
Buena parte de la acusación se apoya en los testimonios de:
Olmedo López, exdirector de la Ungrd
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda
Estos exfuncionarios, que buscan beneficios judiciales a cambio de su colaboración, habrían relatado cómo, según ellos, Bonilla y Velasco dieron instrucciones para asignar contratos o cupos indicativos a congresistas, condicionados al apoyo en votaciones clave en el Congreso. Tres episodios que reconstruyen el supuesto modus operandi
La Fiscalía detalló varios hechos que, a su juicio, muestran la forma en que operó la presunta red:
1. Reuniones por proyectos de Invías en Córdoba
En noviembre de 2023, Bonilla y Velasco habrían ordenado a María Alejandra Benavides reunirse con el senador Julio Elías Chagüi para discutir tres proyectos de Invías en el departamento de Córdoba, por un total de 15.700 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, Chagüi habría dicho representar a otros ocho congresistas y habría solicitado cupos indicativos —es decir, la posibilidad de incidir en la asignación de recursos y obras— a cambio de votos en el Congreso.
2. Créditos públicos y convenios de la Ungrd
El segundo episodio involucra a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp):
Wadith Manzur
Julián Peinado
Karen Manrique
Juan Diego Muñoz
Liliana Bittar
Juan Pablo Gallo
Entre junio y diciembre de 2023, la Cicp se negó a aprobar 17 créditos solicitados por el Gobierno. Según la Fiscalía, tras esa resistencia, los exministros habrían participado en negociaciones que culminaron con la asignación de tres convenios de la Ungrd para los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por 89.619 millones de pesos. Después de ello, la comisión aprobó varias de las operaciones de crédito.
3. Un contrato de mitigación en Sahagún
Un tercer hecho se refiere a un proyecto de mitigación de inundaciones en Sahagún (Córdoba), por 28.141 millones de pesos, que habría sido prometido, según la Fiscalía, al senador Chagüi. La reunión para concretar este convenio se habría realizado el 23 de noviembre de 2023; sin embargo, la propia Fiscalía indicó que el contrato no alcanzó a ejecutarse.
Mapa de proyectos y regiones
En el esquema descrito por el ente acusador, los 79 proyectos habrían sido distribuidos por comisiones del Congreso y por regiones, con énfasis en departamentos como Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Sucre, Cundinamarca y Boyacá.
Entre los presuntos beneficiarios indebidos, la Fiscalía menciona a varios senadores y representantes, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, quienes habrían recibido o gestionado proyectos a cambio de apoyo político, según los relatos incorporados al expediente.
“Soy completamente inocente”: la defensa de Bonilla y Velasco
Tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco rechazaron tajantemente los cargos durante la audiencia y se declararon inocentes.
Bonilla, con una trayectoria de más de 50 años en el sector público y privado, afirmó ante la magistrada Rosero Baquero que nunca ha participado en actividades ilícitas:
“Más de medio siglo trabajando actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. (…) Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”, dijo durante la diligencia.
Velasco, quien intervino de manera virtual, sostuvo que las conductas que se le atribuyen no corresponden a su periodo como ministro y cuestionó la falta de precisión sobre los congresistas supuestamente involucrados:
“Debo confesar que estoy muy confundido porque cómo me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé quiénes son. (…) No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación, porque soy completamente inocente”.
Ambos exministros insistieron en que no han buscado acuerdos con la Fiscalía y anunciaron que darán la pelea jurídica para desvirtuar las imputaciones.
Qué viene ahora en el proceso
La Fiscalía no solo imputó cargos, sino que además solicitó una medida de aseguramiento contra Bonilla y Velasco, que podría ser detención domiciliaria u otra restricción, petición que se resolverá en la audiencia programada para el 15 de diciembre de 2025.
El caso, que se desprende del conocido escándalo de corrupción en la Ungrd, se ha convertido en uno de los frentes judiciales más sensibles para el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un contexto de tensiones políticas y dificultades para sacar adelante sus principales reformas en el Congreso.
Por ahora, el proceso penal apenas entra en su fase inicial: los cargos están formulados, la Fiscalía expuso su teoría del caso y la defensa de los exministros prepara su estrategia. La última palabra la tendrán los jueces, en un expediente que combina millonarios recursos públicos, alta política y el corazón mismo de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en Colombia.
