Cese al fuego permitiría avanzar en el retorno

Por: Andrea Arias

En el departamento de Risaralda podría cesar el desplazamiento forzado de comunidades indígenas con el alto al fuego bilateral, de grupos al margen de la ley.

Desde el domingo primero de enero de 2023 hasta el 30 de junio regirá el cese al fuego bilateral, con cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.
Según anunció el presidente Gustavo Petro, el objetivo de este alto al fuego es suspender acciones ofensivas que causen afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de la Nación; además, evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley, con los cuales, el Gobierno Nacional avanza en la política de ‘Paz total’.

Para el departamento de Risaralda, el cese del fuego bilateral, podría verse reflejado en las cifras que ha dejado el desplazamiento forzado en municipios como Mistrató y Pueblo Rico; vale anotar que comunidades indígenas de estos territorios han denunciado presencia de grupos ilegales en la frontera con el departamento del Chocó, los cuales, han obligado a algunos habitantes a salir de estos y refugiarse principalmente en Bogotá y Cali.

Frente a esta situación, el secretario de Gobierno del departamento de Risaralda, Israel Londoño Londoño, afirmó que “cuando hay alteraciones del orden público en departamentos fronterizos como el caso del Chocó, en ocasiones anteriores, hemos encontrado que actores armados, al margen de la ley de ese departamento, presionan a la comunidad indígena o afrodescendiente a desplazarse a municipios como Pueblo Rico o Santa Cecilia”.

De acuerdo con el último informe entregado por la Unidad para las Víctimas de este departamento, para finales de 2022, 277 familias retornaron a Pueblo Rico y 25 a Mistrató; de un total de 559 familias que estaban asentadas en Bogotá. En la capital del país aún permanecen familias indígenas Emberá Chamí y Emberá Katío, que no han logrado llegar a un acuerdo para su retorno.

GRUPOS ARMADOS

Tras la firma del primer acuerdo de Paz, en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP); las autoridades en el departamento han manifestado que “en Risaralda no hay presencia de grupos armados al margen de la ley, hago referencia, a grupos que tengan que ver con el conflicto armado, tales como el Eln, disidencias de las FARC o el Clan del Golfo”. Así lo afirma el secretario de Gobierno Israel Londoño.

Además agregó “Si bien en el Área Metropolitana, tenemos delincuencia organizada, delincuencia que comercializa estupefacientes, no podemos tipificar, que haya grupos al margen de la ley que entren dentro del proceso al cese al fuego o la paz total”.
Para las víctimas del conflicto armado, el cese al fuego significa evitar en cierta medida la confrontación entre la Fuerza Pública y las organizaciones armadas ilegales; que ha dejado más de 9.395.274 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Eisenhower Zapata, coordinador de la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado en Risaralda, valora que haya cese al fuego y, lo recibe con mucho regocijo y esperanza, pero “debemos ser prudentes a que sea el resultado final de un acuerdo” porque esto apenas se va a construir. Además indica que “es sumamente apresurado decir que eso significa que se está llegando a una paz total”.

En consecuencia, Eisenhower se hace tres preguntas “¿van a cesar las extorsiones en la zonas donde ellos tiene dominio territorial?, ¿van a cesar los confinamientos en algunos grupos que tienen poblaciones encerradas sin dejarlas en libertad o salir siquiera a comerciar o traer sus productos básicos para su manutención? y ¿Van a cesar el reclutamiento de menores de edad en esas zonas de conflicto donde tienen dominio territorial o la instrumentación de menores de edad que también se utilizan por bandas que se dedican más al narcotráfico en zonas urbanas y zonas rurales?
Además indica que “en esos 6 meses pueden ellos rearmarse, seguir con los negocios ilícitos como el tema del narcotráfico, que siempre ha sido la línea crítica de estos procesos de negociación y de tregua; es decir, se callan los fusiles, pero aumentan los negocios ilícitos, que es el combustible del conflicto armado”.

Ex negociador

Finalmente, Martín Cruz Vega, ex negociador de las FARC opina que “todo esfuerzo que se haga, es importante para acabar con la persistencia de la guerra”. “Obviamente, quiero paz total, no será nada fácil alinear los esfuerzos, pero desde que haya voluntad de las partes, llegaremos a un puerto de paz”.