En la Comisión VI de la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), promovido por los cuatro representantes a la Cámara por Risaralda: Alejandro García, Diego Patiño, Carolina Giraldo y Aníbal Hoyos, junto a otros congresistas del Eje Cafetero. El tema central fue el futuro de la conexión vial Manizales-Pereira-Armenia, conocida como Autopistas del Café, cuya concesión vence en 2027. Actualmente, se encuentra en proceso de socialización una iniciativa privada denominada “IP Conexión Centro”, que busca extender la concesión por 30 años más.
“Las Autopistas del Café deberían unir a las tres capitales, por lo que deberíamos discutir en conjunto qué tramos priorizar para la inversión. En cambio, nos encontramos con una propuesta de iniciativa privada que libera al Gobierno Nacional de financiar un tramo crucial para el desarrollo del país, como lo es el tramo Bogotá-Buenaventura a través de la vía Calarcá-La Paila, pero que no integra ni resuelve las principales necesidades de infraestructura vial de la región del Eje Cafetero. Lo que están haciendo es generar una fractura en nuestros departamentos, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo”, afirmó el Representante Alejandro García.
Las obras contempladas en la IP no cumplen con la intención inicial de una doble calzada en toda la conexión Manizales-Pereira-Armenia, como se planteó en 1997.Tampoco se contemplan obras de mitigación en la zona de Chinchiná. Es fundamental que está conexión interdepartamental se garantice en este nuevo proceso.
La veeduría
Juan Guillermo Ángel, miembro de la veeduría ciudadana que supervisa el proyecto de Autopistas del Café, ha manifestado su preocupación ante la falta de transparencia en la información suministrada por la concesión. Según Ángel, las obras proyectadas no responden a las necesidades viales de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, y los costos involucrados parecen estar inflados.
“Autopistas del Café tiene el peaje más caro del mundo por kilómetro, se paga un dólar por cada 7,8 kilómetros recorridos. Además, tenemos derecho a conocer los costos reales de la obra y cuánto se va a invertir. Nos han hablado de 2,6 billones de pesos para la construcción y 2,7 billones para el mantenimiento, pero a la fecha no es claro y los costos parecen inflados”, expresó Ángel, subrayando que esta falta de claridad es preocupante.
Además, Ángel criticó que parte del dinero recaudado en la concesión se utilizará para construir una vía que conecta Buenaventura con Bogotá, la cual no pertenece al Eje Cafetero ni a la Autopista del Café. Esto, según él, representa una violación de las normas y leyes vigentes para las concesiones viales, hipotecando el futuro de la región por otros 30 años.
“La región está enfrentando grandes problemas de tráfico y congestión vial, y las soluciones que nos ofrecen no son suficientes. Nos prometen una glorieta en Armenia y una pequeña ampliación en la vía de Pereira, pero eso no resuelve el problema de fondo. También seguimos esperando la doble calzada entre el punto 30 y el terminal de transportes de Pereira”, agregó.
Finalmente, Juan Guillermo Ángel destacó que la concesión actual está proyectada hasta el 2057, lo cual considera un plazo excesivo que no beneficia a los departamentos. “Estamos rechazando la IP de Conexión Centro, ya que los datos están inflados y las utilidades son exorbitantes, beneficiando principalmente a empresas extranjeras”, concluyó.
La veeduría ha presentado diversas propuestas para atender las necesidades viales de la región, aunque hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias por parte de la concesión.
Según la propuesta, más del 70% de los recursos viales irían destinados al tramo Calarcá-La Paila, en Quindío, mientras que Caldas y Risaralda recibirían sólo una fracción de la inversión, afectando su desarrollo vial y la competitividad regional.
Hablan los representantes
En su intervención, el representante Diego Patiño agregó que: “El modelo de APP ha funcionado en Colombia y por eso tenemos hoy las vías y las comunicaciones que tenemos. Por lo que es importante que el Gobierno defina cuál es la política pública sobre este tipo de proyectos, si se va a hacer por IP o si se va a hacer por obra pública.”
Por su parte Carolina Giraldo, mostró su preocupación por la cantidad de peajes que actualmente hay en el Eje Cafetero, lo cual está generando unas barreras económicas para la población.
“Yo sí quisiera que se pudiera considerar aquí la posibilidad de eliminación de peajes o de redistribución de peajes. Aquí queremos que a los vecinos de Quindío les vaya bien y que a los vecinos de Caldas les vaya bien y que por supuesto a nosotros en Risaralda también nos vaya bien, en condiciones de justicia y de equidad, eso yo creo que se puede revisar”, dijo la representante Giraldo en su intervención.
En la misma línea, el representante Anibal Hoyos dijo que “los ciudadanos del Eje Cafetero suelen desplazarse entre ciudades en el día a día porque estos son pueblos hermanos. Ese ciudadano siente que paga un peaje como pagar impuestos; por eso es importante que haya transparencia y una distribución equitativa de los recursos que vienen de los peajes”
La concesión
Desde el año pasado, ODINSA, la empresa que actualmente administra la concesión, ha venido realizando audiencias públicas para plantear una nueva concesión bajo la figura de Iniciativa Privada (IP). Sin embargo, la preocupación principal es que la mayoría de las obras proyectadas bajo este esquema se concentrarían en los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca, donde se encuentra uno de los siete peajes. Este tramo, que genera aproximadamente el 20% del recaudo, absorbería más del 70% de los recursos de inversión del capex propuesto, lo cual es injusto para el desarrollo de los demás municipios de la región
